El ministro de Interior y Relaciones de los Países Bajos, Raymond Knops, anunció que retiraron el apoyo económico que otorgaban a Curazao; para combatir la migración de venezolanos, lo cual no han atendido.
A través de una carta, enviada al Parlamento, el secretario informó la suspensión de los recursos económicos a Curazao; hasta que no garanticen plenamente los derechos humanos de los cientos de venezolanos que actualmente se encuentran bajo su custodia.
El pronunciamiento de Knops surge en respuesta a un informe de Amnistía Internacional, el cual detalla que los recursos dado por los Países Bajos se utilizaban solo para mejorar la capacidad de detención y expulsión de los venezolanos; y no para mejorar sus condiciones.
“La principal preocupación del gobierno es que los Derechos Humanos sean respetados y protegidos en todo momento; tanto en el Reino como en cualquier parte del mundo. No se debe permitir que se produzcan las cuestiones planteadas por Amnistía; como la intimidación y el no respeto de necesidades básicas de las personas”, manifestó Knops.
El informe también se acusa a las autoridades de Curazao de detener y encarcelar a los venezolanos que logran llegar a la isla, sin permitirles acogerse al Protocolo de Refugiados aprobado en 2019.
Asimismo, mencionó que Willemstad presiona a los migrantes a firmar órdenes de deportación escritas en holandés; y los mantienen en centros de detención en condiciones de insalubridad durante meses.
Al respecto, el ministro señaló que pese a la construcción de centros para la detención de extranjeros y entrenamiento del personal; Curazao se ha quedado corto en aspectos cruciales, como la asistencia jurídica, la atención médica y la formación en el trato a los extranjeros.
Knop detalló que desde 2019 Países Bajos ha destinado 7,2 millones de euros para atender a los migrantes venezolanos en Aruba, Bonaire y Curazao; de los cuales 2 millones han sido para concluir la expansión de centros de detención de migrantes en Willemstad.
Aunque también son utilizados para la formación de la Guardia Costera y la adquisición de drones, con el fin de detectar embarcaciones que ingresan a la isla.