Durante el 41 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, familiares de pacientes con enfermedades crónicas denunciaron las afectaciones que está generando el bloqueo financiero y económico impuesto por Estados Unidos a Venezuela.
Esta denuncia fue presentada por la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (FUNDALATIN), la cual realizó una conferencia a las delegaciones de los Estados miembros del Consejo, así como a organizaciones de derechos humanos, para mostrar los rostros de las víctimas que están en riesgo luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impusiera un bloqueo económico y financiero contra PDVSA y CITGO.
PDVSA través de Citgo desarrollaba un programa de asistencia médica que beneficiaba a pacientes con cáncer u otras enfermedades crónicas, con el propósito de que pudieran recibir trasplantes de médula ósea o hepáticos, pero luego del bloqueo ejecutado contra ambas empresas dicho programa se ha visto interrumpido, ya que no ha sido posible seguir cancelando los recursos porque los bancos se niegan a ejecutar las transacciones financieras por temor a ser sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense.
Los pacientes que requerían trasplantes médicos eran enviados a Argentina, España, Estados Unidos, Italia, entre otros países, para garantizarles exámenes y tratamientos especializados bajo las más estrictas condiciones, lo cual era cancelado de forma gratuita por el Estado venezolano.
“Nosotros estamos viviendo en carne propia las sanciones económicas que se están imponiendo a Venezuela y estamos sumamente preocupados porque esta situación se nos agrava. Tenemos muchas necesidades que no podemos cubrir, tenemos mucho miedo de que los hospitales nos cierren las puertas. Los tratamientos que cumple mi esposo son sumamente costosos, tenemos una deuda con los hospitales demasiado grande y el servicio de ambulancias ya ha sido bloqueado por no tener cómo pagar”, relató Jinger Linares, esposa de Leomar González, paciente de trasplante de médula ósea que fue enviado a Italia en el año 2017.
Linares señaló que este programa de salud creado por PDVSA-Citgo está hecho para salvar vidas y exhortó a la comunidad internacional a condenar cualquier medida coercitiva ejecutada por Estados Unidos que afecte a la población venezolana, pretendiendo menoscabar su derecho a la salud y a la vida.
Por su parte, Yelibeth Albornoz, madre de Isabella Guevara, una niña de 23 meses de nacida, afirmó que su hija fue enviada a Argentina para ser sometida a un trasplante de hígado y actualmente amerita de un costoso y delicado tratamiento para que no pierda su órgano.
“Al igual que mi bebé Isabella hay cuatro niños más que están siendo afectados porque tuvieron que parar sus tratamientos debido a que el programa de Citgo se ha visto suspendido por el bloqueo y también nos afectó en el hospedaje y la manutención que nos proporcionaba el Estado venezolano”, dijo la madre de la niña en la ONU.
Los pacientes que fueron enviados a Argentina, además, han tenido que vivir la penosa situación de ser desalojados de los inmuebles donde estaban provisionalmente alquilados porque sus propietarios los sacaron a la calle con sus hijos enfermos.
Douglas Guevara, padre de Isabella, también denunció que el pasado 20 de mayo, a través de FUNDALATIN, las madres de los cinco niños que se encuentran en Buenos Aires enviaron una comunicación a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la cual pidieron interceder en esta situación para que sus hijos pudieran salvar sus vidas, pero no recibieron ninguna respuesta.
Asimismo, Guevara afirmó que lamentablemente la exmandataria chilena tampoco hizo mención de esta situación durante la presentación de su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que se llevó a cabo el pasado 5 de julio.
