Otra para Boluarte: Fiscalía de Perú la investigará por represión

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El Ministerio Público de Perú creó un equipo especial de fiscales, que se encargará exclusivamente de investigar los actos de violencia y represión durante las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 a marzo del presente año, en las que murieron cerca de 70 ciudadanos.

«Como Ministerio Público nos corresponde investigar estos hechos y hallar a los responsables de estas lamentables muertes. No podemos permitirnos como sociedad vivir en la impunidad», señaló la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Además, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, resaltó que el Ministerio Público, desde el inicio de las manifestaciones abrió una «investigación por la presunta comisión de delitos producto del uso excesivo de la fuerza pública, que afectarían el derecho humano a la protesta social pacífica».

Según la fiscal, la mayoría de las investigaciones abiertas para dirimir lo ocurrido durante la represión, tiene en común la dificultad de obtener y asegurar las pruebas de la supuesta comisión de los delitos, por lo que «resulta idóneo y necesario la conformación de un equipo especial de fiscales».

«Uno de los objetivos de este equipo no es que los ciudadanos vengan al Ministerio Público, sino que nosotros nos acerquemos a ellos. Cumpliendo la principal característica de mi gestión que es el orden, firmeza y celeridad para llevar la justicia a todos los peruanos. Caiga quien caiga y pese a quien le pese», mencionó Benavides.

Cifra roja 

En los 4 meses que duraron las protestas en Perú, al menos 77 peruanos perdieron la vida; más de 1.000 personas resultaron heridas. Estos hechos han llevado a diferentes organizaciones nacionales e internacionales, defensoras de los derechos humanos a denunciar el uso ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

Según la Defensoría del Pueblo, 49 manifestantes murieron durante enfrentamientos directos con las fuerzas del orden. Mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes.

Debido a estos hechos, la presidenta Dina Boluarte y varios de sus ministros, están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves».

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