Como parte de una política de “justicia selectiva”, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado este lunes para solicitar que el juicio contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ofrezca todas las garantías y respete las normas del debido proceso.
El mismo organismo que promovió el golpe de Estado de 2019 en Bolivia, tras la reelección legítima de Evo Morales, y guarda silencio por las violaciones a los derechos humanos en Perú, ahora se inmiscuye en un proceso judicial que se desarrolla en Ecuador.
Irónicamente en el comunicado, la OEA señaló que el principio debe ser “el respeto de los mandatos constitucionales de presidentes electos por el voto popular; que los términos y plazos presidenciales se ejerzan de más pleno derecho, sin presiones ni amenazas”.
Añadió que lo fundamental es que “todos los actores que participen en este proceso actúen con la mayor responsabilidad y mesura política e institucional”.
¡Qué barbaridad! La desprestigiada OEA de Almagro, promotora del golpe de estado en🇧🇴y cómplice de las violaciones de DDHH en el🇵🇪, pretende intervenir en un proceso legítimo y soberano de 🇪🇨, regulado por la Constitución y que cuenta con el dictamen de la Corte Constitucional 🇪🇨 https://t.co/mDTOU8PDB5
— Fernando Yépez Lasso (@fernandoyepezl) May 15, 2023
Tal parece que la OEA ignora que la última fase del juicio político contra Guillermo Lasso fue aprobada por la Asamblea Nacional de Ecuador con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones.
El juicio contra Lasso se llevará a cabo este martes, cuando deberá presentarse ante la AN para presentar su defensa. Mientras 4 asambleístas presentarán las pruebas en su contra.
A Guillermo Lasso lo acusan de peculado (malversación de fondos públicos) en un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la privada Amazonas Tanker, para la renta de buques para el transporte de hidrocarburos.
El contrato se firmó en 2018 y se renovó en 2020, cuando Lasso aún no era presidente. Sin embargo, los denunciantes aseguran que cuando asumió el poder permitió que se mantuvieran los contratos, que perjudicaban al Estado.
Este juicio, que podría terminar con su destitución, se da a casi dos años de su mandato y tras sufrir una dura derrota electoral. En ferebro, el Gobierno buscó reformar la Constitución, pero perdió el referendo.
