Organizaciones sociales de Ecuador anunciaron nuevas movilizaciones para este domingo, completando así 21 días de paro nacional. Principalmente, el paro protesta contra la eliminación del subsidio al diésel, una medida del gobierno de Daniel Noboa que detonó el conflicto. Por lo tanto, los distintos movimientos intensifican sus acciones de calle con la convocatoria de nuevas protestas a nivel nacional.
Las actividades de este domingo concentraron manifestantes en Quito, la capital. Asimismo, se reportaron movilizaciones en ciudades clave como Guayaquil y en localidades de la provincia de Imbabura, incluyendo Otavalo. La Unión Nacional de Educadores (UNE) clarificó que el paro, si bien inició por el tema del diésel, ahora también impulsa demandas cruciales relacionadas con la educación, la salud, la seguridad y el trabajo digno.
De hecho, la UNE exige activamente al gobierno el cumplimiento de derechos, el pago de la equiparación salarial, la defensa del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS) y el fin de los despidos. Además, los educadores demandan la declaratoria de emergencia en salud y educación, y rechazan firmemente la represión del Gobierno de Daniel Noboa contra líderes sociales, sindicales y políticos. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) se unió firmemente a esta convocatoria, ampliando el respaldo de la clase obrera.
Una nueva ola de resistencia social
Las organizaciones sociales denunciaron categóricamente el inicio de “un nuevo ciclo de saqueo neoliberal” en Ecuador. Por consiguiente, afirmaron que los distintos sectores del país continuarán alzando la voz contra las arbitrariedades gubernamentales y defenderán sus derechos sin descanso.
Estas movilizaciones transcurren en medio de un despliegue militar masivo. El Gobierno del presidente Daniel Noboa ordenó la acción militar, mientras que las Fuerzas Armadas respondieron desplegando cerca de 5.000 militares y policías.
Las fuerzas de seguridad denominaron a esta operación “Plan de . Defensa de Quito”, diseñando el operativo para “contener posibles amenazas, fortalecer el control territorial y garantizar la tranquilidad ciudadana”. Aun así, las organizaciones sociales no ceden terreno, manteniendo su rechazo a las medidas económicas.
Consecuentemente, el ejército ecuatoriano trasladó más efectivos desde la provincia de Carchi hacia la ciudad de Quito, intensificando la presencia militar en la capital. Sin embargo, el gobierno no precisó el número exacto de efectivos adicionales. No obstante, esta acción gubernamental subraya la tensión en el país, mientras el movimiento indígena y las organizaciones sociales reafirman su decisión de continuar la resistencia pacífica en las calles hasta conseguir la derogación de las medidas económicas y el cese de la represión.
En resumen, los sectores sociales de Ecuador mantienen una postura inflexible ante las medidas económicas y sociales del gobierno. Por lo tanto, las organizaciones ratificaron su compromiso de permanecer en las calles con nuevas protestas para impulsar una agenda de cambio social que frene el «saqueo neoliberal» y garantice los derechos fundamentales de la ciudadanía.
