Colombia reportó este lunes el índice más bajo de contagios y muertes en un día desde el pasado 13 de julio. De acuerdo al Ministerio de Salud de ese país, se confirmaron 5.147 nuevos infectados y 153 fallecidos.
Con estas cifras, el país vecino ya totaliza 818.203 casos y 25.641 fallecidos. En el ranking global, estos números colocan a Colombia como el quinto país más afectado por la pandemia y el segundo en América Latina y el Caribe.
La buena noticia dentro de estos números que parecen alarmantes es que la nación neogranadina ya cuenta con más de 700 mil pacientes recuperados. De acuerdo a las autoridades sanitarias, actualmente hay 68.308 casos activos.
A pesar de estos números, Colombia es uno de esos casos, que junto a Brasil, se ha servido la sospecha de que los números oficiales de su Ministerio de Salud apenas son una fracción de la realidad; una fotografía pequeña producto de un presento subregistro.
Un problema para sus vecinos
Pero la magnitud de la pandemia en Colombia no es solo un problema doméstico. La expansión de sus contagios se ha convertido en un problema para sus vecinos, como es el caso de Venezuela.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro presentó este fin de semana un boletín epidemiológico en donde reveló que el 88% de los casos importados provienen de Colombia. Y además ha denunciado en reiteradas ocasiones que la poca vigilancia de la frontera por parte de la administración de Iván Duque pareciera una deliberada negligencia para añadir más problemas a Venezuela.
Otras pandemias en Colombia
En el panorama colombiano, la pandemia no es la única preocupación, y no es la última causa que les quita la expectativa de una larga vida. A esta situación se añade la visibilización otra vez de la recia tradición de las masacres.
En lo que va de este año, de acuerdo a organizaciones defensoras de los DD.HH. como Indepaz, ya en Colombia se han contado más de 60 masacres, en donde buena parte de las víctimas son jóvenes.
Adicionalmente sigue como una costumbre sostenida el exterminio sistemático de líderes sociales, el desplazamiento interno y el asesinato de excombatientes desmovilizados que suscribieron el acuerdo de paz de 2016.
