El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, eliminó la condición del transporte como servicio público y liberó de exigencia a los que quieran transportar pasajeros.
Desde ahora, las empresas transportistas podrán definir recorridos, horarios, precios, duración de los servicios y los lugares de ascenso y descenso de los pasajeros, que deberán estar autorizados por la jurisdicción local competente.
El decreto publicado en el Boletín Oficial reemplaza una norma de 30 años de antigüedad y crea un nuevo marco de regulación para el transporte automotor de pasajeros por carretera entre provincias, incluyendo a la capital argentina, y entre puertos y aeropuertos. Sin embargo, excluye los servicios públicos de transporte.
El exministro de Transporte nacional y actual diputado nacional, Diego Giuliano, cuestionó la nueva normativa sobre los servicios de micros de larga distancia y aseguró que el nuevo marco va a generar problemas en los precios, las frecuencias y la conectividad.
El ex titular aseveró: “es probable que las empresas más grandes terminen absorbiendo a las más pequeñas”, pues la libertad lo que genera es que empresas consolidadas en los destinos más competitivos puedan ofrecer una tarifa baja, pero cuando desaparece la competencia, tienen la libertad de poner la tarifa que quieran, reporta Página 12.
“Si desaparece el transporte como servicio público, no habrá la misma frecuencia, ni tarifas accesibles, ni continuidad. Es muy probable que localidades más pequeñas o ciertas regiones del país queden desconectadas”.
En su crítica añadió: “La regulación no solo define las rutas, sino que también obliga a conectar zonas con menos población o con dificultades naturales de conexión, algo que se suple con servicios públicos”.
Para el diputado, la medida de liberación podría resultar interesante para algunos al principio, pero a largo plazo tendría un impacto negativo: «Es la ley de la selva en el transporte”.
Otras figuras también comparten sus inquietudes frente a la norma. La Asociación Argentina de Empresas de Transporte de Pasajeros (Aaeta) compartió un comunicado en el que destaca que, si bien “la normativa busca aumentar la flexibilidad en el acceso al mercado para los operadores y en la capacidad de ajustar la oferta de servicios”, advierte que «cualquier apertura en el mercado debe ser gradual para evitar saturaciones que podrían poner en riesgo la viabilidad de los transportistas actuales”.
Esta medida para el transporte automotor continúa la línea gubernamental de la desregulación en el sector, tras las iniciativas para desregular el transporte aéreo y declarar sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas.
