La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que las fuerzas del Estado de Perú cometieron una masacre y ejecuciones extrajudiciales, durante las protestas contra la presidenta interina, Dina Boluarte.
En su informe Situación de los Derechos Humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales, el organismo internacional reseñó que las protestas dejaron decenas de muertos y heridos, incurrieron en el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza.
La CIDH tomó los datos para su informe durante el 11 y 13 de enero de 2023, tiempo en que escuchó relatos de las víctimas de la represión. El informe trata de los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023.
En su análisis, la CIDH observó que las protestas tienen demandas políticas explícitas y coyunturales. Sin embargo, añadió que hay exigencias de comunidades campesinas y pueblos indígenas que el Estado debe atender.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) May 3, 2023
“La Comisión observa que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que se registraron graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”; dijo el organismo.
Aunque la CIDH no señala a ningún funcionario del Gobierno de Perú considera que Fiscalías especializadas y juzgados por tribunales independientes deben investigar los hechos.
De acuerdo a la información recibida, en Lima, Ica, Arequipa y Cusco la violencia de las fuerzas del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza.
Asimismo, agregaron que en Ayacucho hubo ejecuciones extrajudiciales y en Juliaca hubo uso excesivo e indiscriminado. Ambas ciudades fueron importantes focos de la represión, con un elevado número de víctimas.
“En el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que se deben investigar con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Por estar perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”; citó el informe.
El texto concluyó que la superación de la crisis en el Perú requiere de un diálogo amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, en el que todos los sectores de la sociedad sean representados.
También, instaron a reparar de manera integral a los deudos de las víctimas de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Esto consta de una compensación económica, rehabilitación médica, psicológica y social; así como garantías de que no volverán a pasar por el trágico momento de perder a un ser querido.
