La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones contra Venezuela.
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios de diferentes Poderes Públicos y de las fuerzas militares, por respaldar la voluntad de los venezolanos en las pasadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Según el Departamento del Tesoro de EE.UU. las nuevas sanciones contra Venezuela incluyen a “funcionarios claves” involucrados en las elecciones presidenciales, que dieron como ganador a Nicolás Maduro con más del 52%.
Entre los sancionados están miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su presidenta Caryslia Beatriz Rodríguez, los jueces Inocencio Antonio Figueroa, Malaquías Gil, Juan Carlos Hidalgo y Fanny Beatriz Márquez.
En el Consejo Nacional Electoral (CNE) la medida se extiende a la rectora Rosalba Gil Pacheco y al secretario general, Antonio José Meneses.
Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Primer Tribunal de Primera Instancia con competencia en materia de terrorismo, el fiscal Luis Ernesto Duenez Reyes y la fiscal del Primer Tribunal Especial de Primera Instancia (del DGCIM), Dinorah Yoselin Bustamante Puerta.
A la lista también se suman, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Pedro José Infante, el comandante estratégico operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), Domingo Antonio Hernández Lárez.
También, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Elio Ramón Estrada Paredes, el comandante de REDI Capital de la GNB, Johan Alexander Hernández Lárez.
Por último, el director de Investigaciones Criminales de la DGCIM Asdrúbal José Brito Hernández y el subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Miguel Antonio Muñoz Palacios.
Venezuela rechazó nueva agresión de EE.UU.
El canciller de la República, Yván Gil, publicó un comunicado en el que condenó el “nuevo crimen de agresión” del Gobierno de EE.UU. contra Venezuela, tras imponer medidas coercitivas unilaterales a funcionarios del Estado.
De acuerdo a Gil, la imposición de estas medidas ilegitimas e ilegales demuestra su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos.
“En un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia Bolivariana”, aseveró Gil en sus redes sociales.
