En junio del 2022, Jair Bolsonaro, admitió que la propuesta de su mandato de la privatización de la petrolera Petrobras, mayor empresa de Brasil, es un proceso «muy difícil» que enfrenta muchas resistencias y puede demorar varios años. Con lo que no contaba Bolsonaro, era que él no estaría más en el cargo para desarrollar esta idea, que traería tantas consecuencias negativas al país y que ahora con Lula Da Silva al frente no sucederán.
Igualmente, entre sus primeras medidas de gobierno y estrenándose en un nuevo ciclo como presidente de Brasil; Luiz Inácio da Silva revocó normas que facilitaban el acceso a las armas durante la administración de Jair Bolsonaro. Lula, frenó procesos de privatización y además restableció medidas de combate a la deforestación en la Amazonía.
Desarme en serio
Como parte del cumplimiento de sus promesas electorales, Lula llegó demostrando cuál es la política que reinará mientras él esté al frente. Decidió, mediante decreto, suspender por los próximos 60 días la concesión de nuevas licencias para cazadores, tiradores y coleccionadores (CAC) civiles.
Esta es una categoría que multiplicó sus miembros con las flexibilizaciones de Bolsonaro; y que reunía en julio pasado un arsenal de más de un millón de armas, casi el triple que las 350 mil 600 registradas en diciembre de 2018, según el Instituto Sou da Paz.
El decreto también redujo los límites para la compra de armas y municiones y suspendió temporalmente el registro de nuevos clubes y escuelas de tiro; que también proliferaron en los últimos cuatro años.
Más cambios para Brasil
El nuevo mandatario firmó una resolución para mantener el programa de ayudas sociales Bolsa Familia en 600 reales –unos 113 dólares–, promesa conseguida luego de una trabajosa negociación con el Congreso en diciembre para garantizar recursos excepcionales.
Lula revocó los procesos de privatización de ocho estatales, entre ellas Petrobras y Correos, iniciados durante la administración de Bolsonaro. Además, firmó un reajuste del salario mínimo con incremento de 1.212 reales a 1.320 reales (unos 249 dólares).
Por otra parte, determinó que sean revisadas en un plazo de 30 días las numerosas decisiones del expresidente que impusieron confidencialidad sobre informaciones y documentos de la administración pública. Las cuales calificaron como un “retroceso sobre la política de transparencia pública”.
