Un reciente análisis de documentos oficiales desclasificados reveló cómo la narrativa de la extrema derecha venezolana sirvió de base para estructurar planes bélicos contra la nación. Un memorando del Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que los llamados a una intervención militar emitidos por la extremista María Corina Machado facilitaron la fabricación de un «caso legal» para atacar y ejecutar una agresión directa contra Venezuela.
Este andamiaje jurídico pretendía justificar el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente Cilia Flores. De acuerdo con las investigaciones, el Departamento de Justicia utilizó las declaraciones de Machado para construir una fachada de legitimidad sobre acciones que violan flagrantemente el derecho internacional.
En primer lugar, los estrategas en Washington tomaron las peticiones de «asistencia extranjera» de la dirigente para argumentar que existía una anuencia interna para una incursión armada. Por consiguiente, lo que en la superficie se presentaba como una solicitud de «liberación», en los despachos legales de EE. UU. se procesaba como la autorización necesaria para vulnerar la integridad territorial venezolana.
Asimismo, un comunicado previo de la Oficina del Consejero Legal alegó que ni las leyes de Estados Unidos, ni las del derecho internacional, impedían a Donald Trump ordenar una agresión militar contra Venezuela. El despacho citó numerosas ocasiones en que presidentes pasados autorizaron misiones castrenses sin aprobación del Congreso o sin una previa autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De este modo, el gobierno estadounidense pretendía actuar por encima de los organismos multilaterales, utilizando a figuras locales como piezas de su ajedrez geopolítico.
El papel de la ultraderecha y el entreguismo
El contenido del texto legal cita explícitamente los comentarios injerencistas de Machado, quien solicitó de forma reiterada aumentar la presión de Washington contra el Gobierno Bolivariano. La ultraderechista se alió estrechamente con la administración de Trump e inclusive, en un acto de sumisión política extrema, le ofreció su premio Nobel de la Paz. No obstante, esta acción causó una respuesta inmediata del Comité Noruego del Nobel, el cual enfatizó que dicha distinción es personal e intransferible, descalificando así la pretensión de la dirigente.
Por otra parte, el memorando detalla cómo la retórica de la «Responsabilidad de Proteger» fue manipulada para encajar en los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. En este sentido, las constantes giras internacionales y las videoconferencias de Machado con senadores republicanos no buscaban ayuda humanitaria, sino que proporcionaban el insumo retórico que los abogados del Pentágono necesitaban para validar planes de extracción y bombardeos tácticos.
La gravedad de estos hallazgos reside en la confirmación de que la oposición radical no solo buscaba un cambio de gobierno por vías antidemocráticas, sino que activamente suministró los argumentos para una intervención de potencias extranjeras. En consecuencia, el Estado venezolano ha denunciado estos hechos ante la comunidad internacional como una prueba irrefutable de traición a la patria y de conspiración para el magnicidio.
Finalmente, el documento del Departamento de Justicia demuestra que la Casa Blanca instrumentalizó cada palabra de la dirigencia extremista para intentar borrar la soberanía de un pueblo. Estos archivos exponen la cruda realidad de una estrategia que, bajo el velo de la democracia, buscaba desatar una agresión sin precedentes en la región, poniendo en riesgo la paz de todo el continente americano.



