Las congresistas latinas María Elvira Salazar (republicana de Florida) y Verónica Escobar (demócrata de Texas), quienes llegaron a Estados Unidos de forma ilegal y, luego obtuvieron la ciudadanía, anunciaron la reintroducción de la Ley Dignidad en el Congreso.
La insólita propuesta de las congresistas busca, según ellas, ofrecer una solución integral a la crisis del sistema de inmigración estadounidense. Entre sus provisiones, la ley propone que las personas que busquen obtener un estatus legal en el país paguen multas durante 7 años y, además, se sometan a revisiones periódicas. Sin embargo, a diferencia de las congresistas, estas personas nunca podrían optar por la ciudadanía estadounidense.
La reintroducción de dicha ley se da en un contexto de deportaciones masivas por parte de la administración de Donald Trump, las cuales, aunque supuestamente se enfocan en delincuentes peligrosos, han sido duramente criticadas por incluir también a migrantes sin historial delictivo.
Ley Dignidad
La Ley Dignidad propone un sistema de 2 fases para la regularización de inmigrantes indocumentados en EE.UU.
El primer componente: Programa Dignidad, que está dirigido a aquellos inmigrantes que tienen en el país al menos 5 años. Los solicitantes deberán pasar verificaciones de antecedentes, carecer de historial criminal y lo más importante pagar 7 mil dólares en restitución durante los 7 años que dura el programa. A cambio, los aspirantes obtendrán autorización de trabajo y protección contra la deportación. Pero, no tendrán acceso a beneficios federales.
Quienes completen exitosamente esta fase podrán acceder al segundo componente: Programa Redención, que dura 5 años adicionales. Este segundo paso requiere la aprobación de exámenes de inglés y civismo. Así como la realización de servicio comunitario o el pago de otros 5 mil dólares. Al finalizar este programa, la ley ofrecería un posible camino hacia la ciudadanía, aunque no lo garantiza.
En cuanto a la seguridad fronteriza, la propuesta asigna 35 mil millones de dólares para mejorar la infraestructura y la tecnología en los puertos de entrada.
A pesar de su carácter bipartidista, la Ley Dignidad, enfrenta un camino difícil en un Congreso polarizado, ya que necesitará un amplio consenso para avanzar a través de los diversos subcomités.
