El Sexto Juzgado Constitucional de Lima, en Perú, declaró improcedente hábeas corpus que buscaba la libertad inmediata del expresidente Pedro Castillo y su restitución como mandatario del país.
La Federación Nacional de Abogados del Perú, también presentó el recurso a favor del exprimer ministro de Castillo, Aníbal Torres. Con la diferencia que la jueza Gisela Haydee Ocaña, lo declaró inadmisible.
«El Sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente habeas corpus presentado a favor de Pedro Castillo y Aníbal Torres; por supuesto atentado contra la libertad individual y motivaciones de resoluciones judiciales«, informó el Juzgado a través de su cuenta en Twitter.
#AHORA 6to Juzgado Constitucional de @CSJdeLima declaró improcedente hábeas corpus presentado a favor de Pedro Castillo y Aníbal Torres por supuesto atentado contra la libertad individual y motivaciones de resoluciones judiciales.
— CSJ de Lima (@CSJdeLima) February 27, 2023
Resolución aquí: https://t.co/u34Mm6W86N pic.twitter.com/hInSn2MsOT
El recurso presentado a favor del expresidente, también pretendía anular «todas las resoluciones judiciales, administrativas, legislativas y leyes que se opongan» a la condición de Castillo de presidente constitucional de Perú.
Sin embargo, la jueza Gisela Haydee Ocaña, alegó que la Federación Nacional de Abogados propuso dicho habeas corpus «irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales» y al «margen del respeto de los derechos fundamentales».
#LoÚltimo Sétimo Juzgado Constitucional de @CSJdeLima declaró inadmisible Habeas Corpus presentado en contra del Acuerdo de Consejo N° 026 emitido por la @MuniLima, que declara el Centro Histórico de Lima como Zona Intangible.
— CSJ de Lima (@CSJdeLima) February 24, 2023
Lee la Resolución aqui: https://t.co/MNgBQAfLbN pic.twitter.com/uS4dlRdP1T
Actualmente, el exmandatario cumple una pena de 18 meses de prisión preventiva; mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión del delito de rebelión.
Sin embargo, Castillo solicitó días atrás a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordene al Estado peruano su «inmediata libertad» y restitución como mandatario del país.
Vale recordar, que una vez destituido, su lugar lo asumió su vicepresidenta Dina Boluarte, lo que motivó el estallido de protestas en diversos puntos del país.
Los peruanos exigían la renuncia de la nueva mandataria, el cierre del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales en 2023. Dichas protestas dejaron un saldo de más de 70 personas fallecidas y miles de heridos.
