La extrema gravedad de la ocupación militar de Nuestra América se comprende si se tiene en cuenta que los países invasores además pretenden para sus bases y soldados en el exterior la condición de extraterritorialidad. Vale decir, 1) la nación ocupada no puede inspeccionar lo que sucede en las instalaciones militares extranjeras situadas en su territorio, y 2) los efectivos del ejército de ocupación son dotados formalmente de inmunidad diplomática, de manera que sus delitos, atrocidades y crímenes de lesa humanidad no pueden ser juzgados de acuerdo con la Constitución y las leyes locales.
Así como los capitalistas extranjeros de las zonas económicas especiales no están sujetos a las leyes tributarias ni laborales ni a los tribunales nacionales, los ocupantes extranjeros son inmunes a las leyes y juzgados del país que ocupan.
Para mantener tales atropellos, la doctrina militar de Estados Unidos es reajustada periódicamente, como lo hizo el plan de guerra del presidente William Clinton, puesto en marcha en la Primera Cumbre de las Américas en Miami en 1994.
Dicho plan presenta tres objetivos estratégicos en tres frentes conexos a ser logrados antes del año 2006: 1) la reconquista económica, mediante el Alca, 2) la reconquista política, 3) la reconquista propiamente militar y 4) la apropiación de la Amazonia, añadida posteriormente.
La “reconquista militar” de América Latina y el Caribe se prepara mediante organismos de intervención hemisférica militar creados por William Clinton en 1995: la Conferencia de Ministros de Defensa de América, que acogió la doctrina de la Carta Democrática de la OEA el año 2002 en su quinta reunión en Santiago de Chile, y el Centro Hemisférico de Estudios para la Defensa.
Al examinar las posibilidades de “reconquista militar” se ha de tener en cuenta que Estados Unidos dispone de 1.328.800 soldados en servicio activo. Según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, para 2001 América Latina y el Caribe disponía de 1.251.000 efectivos: es posible que en la actualidad iguale la cifra de los estadounidenses.
A la potencia del Norte le sería sumamente dispendioso, complicado y exigente mantener una fuerza de ocupación de sus nacionales en Nuestra América. Para entrenarla y mantenerla deberían reclutar y equipar una tropa por lo menos equivalente a la de la suma de los ejércitos locales, lo cual implicaría duplicar su contingente actual, devendría sumamente oneroso y la forzaría a debilitar sus otros frentes estratégicos mundiales.
La ocupación militar total de Nuestra América por Estados Unidos es por tanto imposible. Ha sido nuestra desunión y nuestra falta de solidaridad, cuando no nuestra colaboración, la que permitió que la potencia norteña impusiera su voluntad mediante consecutivas intervenciones focalizadas en repúblicas que no tuvieron más remedio que enfrentarse diplomática y estratégicamente solas al desmesurado poderío del coloso norteño.
Por tanto, lo ideal para Estados Unidos sería que su hegemonía sobre América Latina y el Caribe fuera mantenida por efectivos de las propias naciones de esta, costeados en lo posible por los propios pueblos ocupados.
Así, en 1963 los estadounidenses apoyaron el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Juan Bosch en la República Dominicana, y para evitar que el coronel Caamaño Deñó lo repusiera en el mando, los marines contaron en 1965 con el apoyo de contingentes de las dictaduras latinoamericanas de ese entonces en Brasil, Nicaragua, Honduras y Paraguay. Una resolución de la OEA legitimó el bloqueo contra Cuba. La diplomacia de Estados Unidos obtuvo de un grupo de pequeñas islas del Caribe la solicitud para la invasión de Granada en 1983. Repetidos intentos de desestabilización e invasión contra Venezuela han partido de los países limítrofes desde 2002.
Es posible que, valiéndose de su progresiva ocupación militar de Nuestra América, intente Estados Unidos revitalizar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar) de 1947, especie de complemento de la doctrina Monroe y predecesor de la Otan, que preveía el uso conjunto de fuerzas de los países de América contra cualquier agresión.
Dicho tratado fue suscrito por Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela, Estados Unidos y Uruguay. Ha sido invocado una veintena de veces sin mayores efectos, pero falleció de muerte natural cuando, en 1982, para reivindicar su dominio sobre las Malvinas, Gran Bretaña agredió militarmente a Argentina, y ni Estados Unidos ni los restantes países del pacto movieron un dedo para defender a esta última.
Desde entonces, quedó claro que el instrumento sólo sería aplicado en favor de los intereses de Estados Unidos. Por tal razón, México lo abandonó en 2002; Venezuela, Nicaragua y Bolivia en 2012.
Sin embargo, la proliferación de bases militares de la Alianza Atlántica hace previsible una revitalización del Tiar. Los imperios en declive tienden a sustituir sus ejércitos nacionales por milicias de mercenarios reclutados entre los mismos pueblos colonizados. La Roma de la decadencia nutrió sus legiones con mercenarios de las provincias conquistadas; los británicos sostuvieron su dominación sobre la India con cipayos; la Alianza Atlántica mantiene su dominio sobre Europa con milicias de los pueblos sometidos por la Organización del Atlántico Norte.
Venezuela tiene hoy en día en su vecindad países infestados de bases militares estadounidenses o de la Otan: Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Aruba, Curazao, Guadalupe, Martinica. En el Sur, el “Aliado Principal Extra-Otan”, Brasil, desconoce nuestras elecciones y por tanto nuestro gobierno. En su frontera oriental, la República Cooperativa de Guyana entrega recursos de la Zona en Reclamación, permite continuos ejercicios militares intimidatorios de Estados Unidos y otros países y recibe masivos contingentes de armamentos. Es de temer un atentado de falsa bandera que sirva de pretexto a las potencias ávidas de hidrocarburos para asaltar nuestras riquezas.
América Latina y el Caribe necesita con urgencia un nuevo Ayacucho.