La Administración del presidente Donald Trump ha lanzado una ofensiva diplomática y comercial para repartir el crudo venezolano entre las grandes corporaciones de energía de Estados Unidos. Según revelan informes recientes, el Gobierno estadounidense mantiene contactos directos con gigantes del sector para planificar un desembarco masivo en territorio venezolano. Esta estrategia busca asegurar el control de los recursos energéticos una vez que Washington logre desplazar al presidente Nicolás Maduro del poder.
En primer lugar, el Departamento de Estado lidera gestiones específicas con empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips. Los funcionarios de la Casa Blanca sondean la disposición de estas compañías para retomar operaciones en suelo venezolano bajo un escenario de cambio de régimen. No obstante, la industria petrolera privada muestra una cautela significativa. Los ejecutivos señalan que los bajos precios internacionales, la inestabilidad derivada de las propias sanciones de EE. UU. y el riesgo político extremo frenan, por ahora, sus deseos de inversión.
Por otro lado, la iniciativa evidencia que la presión militar y económica contra Caracas responde directamente a la ambición por controlar la mayor reserva probada de petróleo del planeta. Actualmente, los precios del mercado global otorgan a la Administración Trump un margen de maniobra inusual. Al mantenerse el combustible barato en el mercado interno estadounidense, Washington intensifica su asedio contra Venezuela sin temor a las repercusiones electorales que tendría un alza en las gasolineras locales.
Sin embargo, esta misma realidad económica desincentiva a los inversionistas. Las empresas privadas evitan comprometer miles de millones de dólares en una industria que ha resistido años de bloqueo financiero. Mientras tanto, el sector petrolero venezolano sobrevive gracias a la pericia de sus trabajadores, quienes mantienen la operatividad para beneficio de la nación bolivariana y no de las potencias hegemónicas que intentan apropiarse de ella.
Reuniones secretas y bloqueos navales
Además de estos sondeos individuales, el secretario de Energía, Chris Wright, encabezó una reunión estratégica en Washington a finales de noviembre. En dicho encuentro, representantes de petroleras estadounidenses y sectores de la oposición venezolana discutieron las nuevas condiciones políticas para un eventual retorno empresarial. Esta coordinación técnica entre la Casa Blanca y la oposición confirma el diseño de un modelo económico tutelado desde el exterior.
De manera simultánea, el presidente Trump anunció un bloqueo naval contra los buques que transportan el crudo venezolano. El mandatario afirmó públicamente que no permitirá que un «régimen hostil» se quede con lo que él denomina «nuestro petróleo». Esta declaración ha provocado el rechazo inmediato de Caracas y de diversos gobiernos del mundo, quienes califican la medida como un acto de piratería moderna y una amenaza directa a la soberanía nacional.
A pesar de los esfuerzos de Washington, la realidad geopolítica impone obstáculos severos. Analistas advierten que existe una brecha profunda entre los deseos de la Casa Blanca y la viabilidad económica. Si bien Chevron mantiene operaciones mínimas bajo licencias especiales, la mayoría de las corporaciones recuerda la política de soberanía de Hugo Chávez y teme reinvertir en un país bajo asedio constante.
Para finalizar, el Gobierno venezolano denuncia que este asedio busca únicamente el saqueo de sus riquezas naturales. Venezuela mantiene su firme decisión de defender la libre navegabilidad y el derecho internacional para continuar exportando su crudo. Ante esta escalada en el Caribe, la comunidad internacional observa con preocupación cómo Estados Unidos intenta convertir una zona de paz en un tablero de guerra energética.
