El Juzgado español número 9 del área mercantil, rechazó la petición de Venezuela de acceder a 25 millones de euros. Fondos de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) retenidos en tres entidades financieras del país ibérico: Cajamar, BBVA y Banco de Sabadell.
La nueva decisión de ocurre luego que el Gobierno de Venezuela solicitara en el mes de febrero, la suspensión del nombramiento de Enrique Castell; hombre de confianza de Juan Guaidó. Esta persona, figura ilegalmente como administrador único de CVG Internacional Filial Europea, SLU, desde enero de 2020. En este sentido, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, haciendo uso de su envestidura, afirma en la denuncia que:
“Han infringido las normas para la convocatoria y celebración de la junta general (…) Esta actuación es contraria a la buena fe y constituye un abuso de derecho y los acuerdos adoptados son contrarios al orden público (…) existe el riesgo de que el Sr. Castells pueda dejar sin fondos a la filial europea de CVG, siendo de imposible recuperación”.
La medida del juzgado español ratifica a la directiva de facto, alegando que “ninguna de las razones invocadas justifica la procedencia” de la denuncia interpuesta por las autoridades venezolanas. Esta victoria del bufete Cremades Calvo-Sotelo, asesores de la oposición venezolana, se suma a las trabas impuestas por Juan Guaidó y sus socios para que Venezuela haga uso legítimo de sus recursos en el mundo. Obstaculizando la mitigación del covid-19 y el desarrollo de la nación.
En ese sentido, gracias a las recurrentes denuncias de Venezuela y las gestiones realizadas en 2020 por la vicepresidenta Delcy Rodríguez; los hombres de Guaidó, aunque ratifican su control ilegítimo de la compañía, no podrán tener acceso a los recursos hasta que la justicia dicte una resolución definitiva a la disputa.