La sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Tegucigalpa (capital de Honduras) sentenció este lunes al exmilitar Roberto David Castillo Mejía a una pena de 22 años y seis meses de privación de libertad, por demostrarse su coautoría intelectual en el homicidio de la ambientalista Berta Cáceres Flores, ocurrido en el año 2016.
Berta Cáceres, activista medioambiental, defensora indígena, de los derechos humanos y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), enfrentó a la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (Desa) por las operaciones del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que afectaban al río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca.
La noche del 2 de marzo de 2016, la líder feminista fue asesinada mientras dormía, en su residencia ubicada en el barrio El Líbano de ciudad La Esperanza; en el departamento de Intibuacá, al oeste de Honduras.
David Castillo es solo un eslabón a la cadena de mando que ordenó el asesinato de la lideresa del COPINH.
No cesará la lucha del pueblo Lenca por la #JusticiaParaBerta👉🏽Pendientes de nuestras redes sociales. #NoMásImpunidad #FaltanLosAtala pic.twitter.com/WwoUy4y3G8
— COPINH (@COPINHHONDURAS) June 20, 2022
En esos momentos, Castillo Mejía se desempeñaba como Presidente Ejecutivo de Desa, y previamente había ocupado cargos en el ejército hondureño entre 2006 y 2011; como segundo teniente en inteligencia militar.
En 2017, un informe que presentó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe) desenmascaró a directivos y empleados de Desa; vinculándolos directamente con el asesinato. La investigación demostró la existencia de un complot para acabar con la vida de Berta Cáceres, que involucraba además a agentes del Estado y sicarios criminales.
El Gaipe presentó como evidencias registros telefónicos, conversaciones online, mensajes de texto, reportes de sistemas de posicionamiento global (GPS) y correos electrónicos; extraídos de algunos teléfonos móviles confiscados a lo largo del proceso investigativo.
El BCIE proveyó el dinero que sirvió para la construcción del proyecto hidroeléctrico ilegal “Agua Zarca” y el asesinato de #BertaCáceres.
El BCIE beneficio económicamente a la familia Atala Zablah, posterior a la muerte de Berta Cáceres. pic.twitter.com/yRX6fjwBia
— COPINH (@COPINHHONDURAS) June 20, 2022
Resolución
Al mismo tiempo, Castillo Mejía fue detenido en 2018 en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula; cuando intentaba abordar un avión con destino a la ciudad estadounidense de Houston.
En junio de 2021, el jurado lo declaró culpable de asesinato, y la actual sentencia llega después de casi un año de espera y cuatro postergaciones de carácter injustificado.
Tras conocerse el actual veredicto, la Copinh hizo público un comunicado donde se afirma que “habrá justicia completa cuando se haya capturado, enjuiciado y condenado a los autores intelectuales del crimen”; y nombra también a “los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro Atala Zablah y Daniel Atala Midence” como responsables del asesinato de Berta Cáceres.
