El exministro del gobierno de Jeanine Áñez en Bolivia, Arturo Murillo, se beneficiará con detención domiciliaria. Esto con monitoreo de GPS electrónico en Estados Unidos, según un documento de la justicia de ese país.
“El acusado participará en el programa de vigilancia electrónica de prisión domiciliaria durante los primeros 16 meses de supervisión”; indica el texto difundido por el investigador Agustín Zambrana.
Cabe destacar que, durante la primera semana de enero, el excolaborador de Áñez, fue sentenciado a 70 meses de cárcel, es decir 5 años y 10 meses, en el estado de Florida.
Según documentos judiciales, Murillo recibió al menos 532 mil dólares en pagos de sobornos de una compañía con sede en Florida a cambio de ayudar a esa compañía a obtener un contrato de aproximadamente 5.6 millones de dólares en 2019 para proporcionar gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa boliviano.
Morillo fue sentenciado por conspiración para blanquear sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense. Esto con el propósito de ganar un lucrativo contrato con el gobierno boliviano; según ha informado el Departamento de Justicia.
Complicidad
Los cómplices de Murillo: (Sergio Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld); se declararon culpables previamente por su papel en el mismo esquema y fueron sentenciados en junio de 2022.
Los empresarios estadounidenses eran los propietarios de Bravo Tactical Solutions, una compañía con sede en Florida que actuó de intermediaria entre el Estado boliviano y la proveedora brasileña Cóndor.
Murillo llegó a ser el principal ministro de Jeanine Áñez por su amistad con la expresidenta. Ambos eran senadores del ala más dura de la oposición cuando se produjo el derrocamiento del entonces presidente constitucional, Evo Morales.
Junto a Fernando López, ministro de Defensa, que firmó el contrato de compra de los gases, eran los hombres fuertes del Gobierno interino que se hizo cargo del país con Áñez, al frente entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. Ambos dirigieron la represión de las protestas que explotaron contra la llegada de la mandataria al poder; misma que se saldó con decenas de muertos.
Murillo fue el principal responsable de la persecución judicial y policial contra los dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales.
En junio pasado, un tribunal condenó a Áñez a 10 años de prisión por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, en uno de los varios procesos que la justicia boliviana sigue a la política de 55 años, que se encuentra en prisión desde 2021. La acusación consideró un visible golpe de Estado, por lo que, cumple su condena.
