El alcalde de la comuna chilena Recoleta, Daniel Jadue, enfrenta graves acusaciones, luego que un juzgado le decretaran prisión preventiva, por un caso que podría denominarse como “Lawfare”.
Las acusaciones en contra del alcalde chileno se remontan al caso de las Farmacias Populares, un proyecto impulsado durante la pandemia por la Covid-19, por la Municipalidad de Recoleta que ofrecía medicamentos a bajo costo en varias comunas del país.
Por este caso, la empresa Best Quality y el Consejo de Defensa del Estado acusan a Daniel Jadue de malversar fondos y ocultar bienes, generando deudas millonarias y un mal uso de insumos médicos durante la pandemia.
En medio de esta investigación, el Tercer Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, tras acceder a la petición de la Fiscalía Centro Norte, que considera a Jadue un peligro para la sociedad.
A Jadue lo acusan de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco. Todo esto en el marco de la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), ente del que fue presidente.
Asimismo, deberá enfrentar la medida cautelar en la cárcel Capitán Yáber, mientras transcurren los 120 días del plazo investigativo.
A pesar de las acusaciones, Daniel Jadue ha mantenido su inocencia y ha señalado que se trata de un ataque a su gestión transformadora y a su forma de entender el municipalismo.
En sus redes sociales, ha afirmado que no hay dinero en su bolsillo y que apelará a lo que considera una medida desproporcionada.
Por su parte, el abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, reafirmó la apelación y criticó al tribunal por “dar por acreditados hechos sin antecedentes”, hecho que calificó como muy grave.
Se prevé que esta semana la defensa del alcalde Daniel Jadue ingrese un recurso la apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para solicitar que revierta el fallo de la jueza de garantía.
¿Por qué se considera que existe lawfare?
La jueza Paulina Moya justificó la aplicación de la medida cautelar contra Jadue porque supuestamente su la libertad “resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad” y para el éxito de la investigación.
Además, alegó que el tribunal no consideró “afiliaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión”. Sin embargo, existen elementos que dejan en evidencia que existe un “lawfare” en contra del alcalde chileno.
Algunos elementos señalan que se podría tratar de una estrategia política para evitar que Daniel Jadue no presente una eventual candidatura presidencial en el futuro.
Uno de los elementos es que este domingo, Jadue (después de un año sin aparecer en encuestas) se posicionó como la tercera opción más fuerte de la izquierda en la intención de voto presidencial.
Otro aspecto, es que la jueza Moya aseguró que existía una “presunción de reiteración” si el alcalde Jadue seguía en libertad. Pero, hasta el momento no hay certeza de la comisión de ningún delito en ningún grado de desarrollo, por lo tanto no puede existir reiteración.
Sumado a esto, el abogado querellante reconoció que no existen pruebas contra Jadue, solo existen “presunciones fundadas de participación” del alcalde Jadue y los imputados en los delitos.