Gobierno Bolivariano fortalece los mecanismos de participación popular al integrar a diversos sectores sociales en el debate nacional sobre la próxima Ley de Amnistía. Este domingo 8 de febrero, una nueva jornada de consulta pública reunió a jueces y juezas de paz comunal con el objetivo de definir los principios humanísticos de este instrumento jurídico.
La iniciativa busca establecer una base sólida para la conciliación y el entendimiento diplomático entre todos los actores políticos del país. Mediante este intercambio directo, las autoridades pretenden transformar las propuestas de las bases comunales en normativas que garanticen una paz duradera y el respeto a la soberanía nacional.
En primer lugar, el presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, aclaró los alcances reales del proyecto durante su intervención. El diputado insistió en que esta ley no pretende absolver delitos de lesa humanidad, tales como homicidios, narcotráfico o abusos sexuales. Por el contrario, el texto legal busca propiciar una convivencia armónica que proteja la estabilidad nacional frente a las constantes amenazas externas. Arreaza reiteró que el objetivo primordial trasciende la simple liberación de ciudadanos, enfocándose en la extinción de las causas que generan la conflictividad política en el seno de la sociedad venezolana.
De este modo, el articulado del proyecto establece una hoja de ruta clara para la reconciliación. El primer artículo plantea conceder una amnistía general y plena a ciudadanos procesados o sentenciados por delitos políticos presuntamente cometidos entre el primero de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026. El segundo artículo establece metas: promover el pluralismo político, favorecer el desarrollo nacional y garantizar mecanismos constitucionales para resolver diferencias, evitando así la violencia y convirtiendo este debate en una herramienta de protección ciudadana.
Diálogo con justicia y academia
Por otra parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, destacó la amplitud de las consultas realizadas durante el fin de semana. El parlamentario repasó los encuentros con el sistema de justicia, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía, además de reuniones clave con ONG como Foro Penal y Provea.
Infante subrayó que el país atraviesa una situación compleja tras los eventos del 3 de enero, lo que hace imprescindible el uso de instrumentos jurídico-políticos para alcanzar la paz. Según su visión, reconocer la existencia del conflicto y el impacto del extremismo constituye el primer paso necesario para garantizar el bienestar de las mayorías.
Adicionalmente, el ámbito académico se incorporó con fuerza a este proceso de construcción legislativa. El diputado Miguel Salazar informó sobre una reunión estratégica entre la Comisión de Política Interior y los 27 decanos de las facultades de derecho de las universidades más importantes del país. Los académicos evalúan actualmente la implementación de nuevos códigos y la actualización de las leyes vigentes para ponerlas al servicio de la comunidad. Esta colaboración entre el poder legislativo y el sector universitario asegura que el proyecto cuente con un respaldo técnico y jurídico de alta estatura política, adaptado a las necesidades actuales de la República.
En conclusión, la inclusión de jueces de paz, universidades y organizaciones civiles demuestra un compromiso real con la pluralidad de voces en Venezuela. Este diálogo abierto, impulsado originalmente como una iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, encamina al país hacia una etapa de mayor inclusión. Las autoridades aseguran que cada propuesta recibida enriquecerá el texto final de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, cerrando así un ciclo de debate transparente y democrático.
