Escrito por: Randolph Borges
Publicado en: VTactual.com
Las violaciones a los derechos humanos que implican crímenes de lesa humanidad, no prescriben. Esa es la esperanza que mantienen tras 31 años los familiares de las miles de víctimas de aquél estallido social conocido como “El Caracazo” en el cual el pueblo hambriento y desesperanzado, se lanzó a las calles en rechazo a las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez y su paquete económico. La mano que ordenó la masacre aún no paga: Italo del Valle Alliegro.
Este general de brigada en situación de retiro tuvo una carrera impecable como militar y su ascenso en el mundo castrense fue vertiginoso. Cumplió importantes papeles en altos cargos de responsabilidad durante diferentes gobiernos de la democracia bipartidista, incluso fue Comandante del Ejército durante el caso de la Corbeta colombiana Caldas, que invadió aguas venezolanas poniendo en tensión la diplomacia bilateral. Alliegro ya ocupaba cargos de responsabilidad en la frontera colombo-venezolana desde 1982, por lo que tenía buenas relaciones con las Fuerzas Armadas del vecino país.
Militar de los adecos
Siempre “bien ubicado”, Italo del Valle se procuró espacios entre lo más alto del poder político y militar. Su desempeño impecable en muchas de sus funciones, le abrían el camino para escalar más rápidamente. En 1986 ya era Jefe de Estado Mayor del Ejército, paso previo para llegar a Ministro de la Defensa.
Su cercanía con el ambiente político del partido Acción Democrática, pese a estar prohibida para los militares, le facilitó la llegada al cargo de Ministro de Defensa durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1983-1988), cargo en el que fue ratificado por su sucesor Carlos Andrés Pérez luego de tomar el poder en febrero de 1989. De esta manera el azar (y el partido) lo puso en uno de los lugares más oscuros de la historia militar venezolana.
El Caracazo
Tras los anuncios de novedosas medidas económicas que dispararon los precios de bienes y servicios, la situación ya precaria, se hizo insostenible para buena parte de la población. El estallido social era inevitable y una vez en la calle, se esparció por varias ciudades cercanas a Caracas hasta llegar al centro de la capital. Cualquier medida de contención resultaba insuficiente para frenar a las masas de pueblo enardecido, fue entonces cuando por orden presidencial, el Ministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro, manda al Ejército a “restablecer el orden” en las calles.
Represión desmedida, violación de hogares, detenciones arbitrarias y secuestro, disparos a quemarropa, asesinato y desapariciones forzadas. Todo ello durante unos tres días que parecieron eternos para un pueblo que se resistía a vivir en toque de queda, sin derechos, sin alimentos y con la punta de fusiles sobre sus cabezas.
Al final de los hechos el gobierno reconoció la muerte (la mayoría de ellas accidentales, según dijeron) de al menos 300 personas. Sin embargo organizaciones de Derechos Humanos reconocieron la desaparición de más de 3 mil personas durante aquella fatídica jornada. En 2015 la directora de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berté declaró: “No se pueden saber las cifras exactas de las investigaciones porque por órdenes del ministro de Justicia Italo del Valle Alliegro, los expedientes pasan a la jurisdicción militar, donde no tuvieron impulso procesal”.
La justicia que no llega
El Estado venezolano representado por el gobierno de Hugo Chávez, asumió las sanciones que tribunales extranjeros colocaron contra el país en cuanto a la indemnización de familiares de las víctimas fatales del “Caracazo”, pero ninguno de los que perpetraron ese crimen contra la humanidad, pagaron cárcel.
En octubre de 2011, el general retirado y tres funcionarios policiales y militares de aquella época, fueron llamados a juicio para enfrentar sus responsabilidades “por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, en grado de complicidad necesaria, y quebrantamiento de pactos internacionales, válidamente suscritos por la República”. Casi nueve años después, la justicia sigue en deuda con el país.
Después de la masacre de 1989, Italo del Valle Alliegro ocupó cargos como Comisionado Presidencial en la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos Colombo-Venezolanos COPAF, Presidente de Marte TV (1997-1999), Consultor de la Línea Aeropostal de Venezuela (1999-2001), Director de la Empresa Interamerican Data Consulting (2001 – 2006). Actualmente dirige la empresa Regius Group en Venezuela, dedicada a la Consultoría y Gestión Estratégica.
Escrito por: Randolph Borges
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