La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y otras autoridades capitalinas por el incumplimiento de sus obligaciones para combatir el hacinamiento en las cárceles y centros de detención temporal.
Tanto a López como a los otros 4 alcaldes de ciudades capitales se les acusa de no tomar medidas efectivas para dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar los centros penitenciarios de la ciudad.
Además, de la alcaldesa de Bogotá la investigación también incluye al alcalde de Cali, los alcaldes de Ibagué, de Riohacha y de Valledupar.
El Ministerio Público señaló que los alcaldes no brindaron las garantías que la ley exige para las personas privadas de la libertad. Por esto, ordenaron entregar una serie de pruebas para poder esclarecer los hechos y determinar la situación actual de los centros penitenciarios de la ciudad.
Investigación de la @PGN_COL revela hacinamiento alarmante en centros de detención en Ibagué, Cali, Riohacha y Valledupar. Alcaldes en el ojo del huracán por presunta omisión en sus funciones. ¿Qué medidas tomarán para solucionar este problema? #EsNoticia https://t.co/LNrUWHhfK3 pic.twitter.com/H8qmKnd2cv
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) April 27, 2023
“El expediente de la Sala Disciplinaria de Instrucción, que incluyó al secretario de Gobierno de la capital del país, Felipe Jiménez Ángel. Al parecer, no se han brindado las garantías que la ley exige para las personas privadas de la libertad”; citó el comunicado de la Procuraduría de la nación.
En Colombia, las cárceles tienen capacidad para unos 80 mil reclusos, pero según cifras del Ministerio de Justicia, hay aproximadamente 98 privados de libertad.
Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) denunció que hay cerca de 23 mil personas detenidas en el país sin recibir una condena, con medidas cautelares de prisión preventiva.
Las autoridades visitaron la estación de policía de la localidad de Engativá para ver el estado de los detenidos. Al llegar hallaron personas recluidas en un espacio que sirve como almacenamiento de basura, sin luz y con graves problemas de humedad.
“Un hacinamiento superior al 200%, malas condiciones de salubridad, precarias instalaciones para la reclusión permanente de los detenidos. Un baño para más de 120 personas, la ausencia de botiquines o elementos de atención en salud y hasta privados de la libertad en un shut de basura que fue adaptado para recluir allí a seres humanos”; denunció la Corte después de la visita.
