La Asamblea Nacional de Venezuela marcó un hito institucional al abrir formalmente el proceso de renovación de las autoridades del Poder Ciudadano. La recién instalada Comisión de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano de la Asamblea Nacional (AN) atenderá a la comunidad jurídica venezolana del 2 al 9 de marzo. El objetivo central de este despliegue radica en evaluar los perfiles técnicos y éticos necesarios para designar al próximo fiscal general de la República y al nuevo defensor del pueblo, garantizando la continuidad administrativa de estos órganos fundamentales.
El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente de la instancia evaluadora, anunció que el proceso mantiene una transparencia total desde su inicio. Según explicó el parlamentario, los aspirantes encontrarán los requisitos legales y técnicos a partir de este lunes 2 de marzo. Para asegurar una difusión masiva, la comisión publicará los detalles en las redes sociales oficiales de la Asamblea Nacional y en tres diarios de circulación nacional.
En consecuencia, los profesionales del derecho que cumplan con los años de ejercicio y la solvencia moral requerida deberán organizar sus expedientes de forma inmediata. “Aprovecho para convocar e invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas que estén interesados en ocupar el cargo de fiscal general de la República o defensor del pueblo”, subrayó Alessandrello durante su intervención ante los medios de comunicación.
Un proceso de selección riguroso
El mecanismo de selección comprende varias etapas críticas que los legisladores supervisarán directamente. En primer lugar, los diputados recibirán y analizarán cada documento consignado ante la Asamblea Nacional. Posteriormente, la comisión presentará una lista depurada con los nombres de los ciudadanos y ciudadanas que superen satisfactoriamente las pruebas de idoneidad y las entrevistas personales. Finalmente, este listado llegará a la plenaria del Parlamento para la votación definitiva que definirá la nueva estructura del Poder Ciudadano.
Por otra parte, el diputado Bernabé Gutiérrez enfatizó la relevancia histórica de este proceso para la estabilidad democrática del país. El parlamentario considera que la comisión asume un compromiso ineludible tanto con el presente como con el futuro de la nación. A su juicio, este paso garantiza la confiabilidad en los entes más importantes del Estado, incluyendo el Ministerio Público.
“Este comité lo integramos diputadas y diputados que tenemos un compromiso con la democracia. Venezuela vive momentos nuevos y sus instituciones deben ser garantía de una transparencia total”, señaló Gutiérrez.
Asimismo, la renovación del cargo de fiscal general busca fortalecer la persecución penal y la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Los legisladores coinciden en que la participación masiva de abogados de trayectoria elevará el nivel del debate y la legitimidad del proceso. En definitiva, la Asamblea Nacional busca consolidar un sistema de justicia robusto que responda a las demandas de las nuevas generaciones y respete la historia institucional de Venezuela.
Con el inicio de esta recepción de documentos, el Poder Legislativo reafirma su cronograma de trabajo para el primer trimestre del año 2026. Los interesados podrán acudir a la sede administrativa del Parlamento para consignar sus carpetas bajo los protocolos de seguridad y orden establecidos por la comisión técnica.
