El presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, respondió con firmeza a los ataques del presidente Donald Trump contra el juez federal James E. Boasberg.
Esta autoridad investiga la deportación masiva de migrantes venezolanos a una cárcel en El Salvador. Roberts, conocido por su postura conservadora, rechazó las críticas de Trump y defendió independencia judicial.
Roberts también desestimó la solicitud de Trump de iniciar un juicio político contra los jueces que fallaron en contra de su plan de deportaciones. El presidente de la Corte Suprema recordó que, durante más de dos siglos, la destitución de jueces no ha sido una respuesta válida ante desacuerdos con sus decisiones. “Para ello existe el proceso normal de revisión en apelación”, afirmó Roberts, subrayando la importancia de respetar los mecanismos legales establecidos.
Previamente, Trump había calificado al juez Boasberg como un “alborotador y agitador” no electo. Estas declaraciones surgieron después de que Boasberg emitiera una orden para bloquear los vuelos de deportación de migrantes venezolanos. El juez invocó la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación de tiempos de guerra que data del siglo XVIII, para justificar su decisión.
Boasberg extendió por tres días el plazo para que la Administración Trump presentara pruebas sobre la expulsión de más de 200 migrantes. Estos migrantes supuestamente pertenecen a las organizaciones criminales «Tren de Aragua» y «M-13», clasificadas como «terroristas». El juez solicitó documentación que respalde las acusaciones antes de que venza el plazo este miércoles.
La reacción de Roberts ha generado un amplio debate sobre la independencia judicial y los límites de la crítica política hacia los jueces. Muchos expertos legales han respaldado la postura de Roberts, destacando que los ataques públicos contra los jueces pueden socavar la confianza en el sistema judicial.
Este enfrentamiento entre el poder judicial y el presidente Trump refleja tensiones profundas en la política estadounidense. Mientras tanto, el caso de los migrantes venezolanos sigue en el centro de la controversia, con implicaciones significativas para la política migratoria y los derechos humanos en la región.
