El gobierno de Estados Unidos decidió extender el decreto que señala a Venezuela como lo que nunca ha sido: una amenaza inusual y extraordinaria. Un documento oficial firmado por el entonces presidente, Barack Obama y dio base jurídica al bloqueo económico y financiero que sigue vigente contra Venezuela.
Según las autoridades venezolanas, hasta la fecha, a partir de este decreto, se han emprendido 928 sanciones unilaterales contra la arquitectura financiera del país, con lo que se afectó el programa social del Gobierno nacional.
Según analistas, este documento da pie para justificar la intervención norteamericana en los países señalados de “amenaza” a sus intereses políticos y económicos.
#ULTIMAHORA El gobierno de EE. UU. da continuidad a su política criminal de cambio de régimen mediante la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, al renovar la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, que emitiera Barack Obama #EnDesarrollo… pic.twitter.com/12fgtsKd9l
— AntibloqueoVenezuela (@AntibloqueoVen) March 2, 2023
Decreto criminal contra Venezuela
El 8 de marzo de 2015, fue la fecha de emisión de este decreto, en el que se califica a Venezuela como «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América”.
La orden ejecutiva 13692, popularizada como “decreto Obama”, sentó las bases jurídicas, políticas y administrativas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales (MCU) contra Venezuela.
Al principio, las sanciones, que establecieron la posibilidad de congelar activos venezolanos en EE.UU., estaban dirigidas supuestamente solo a funcionarios de alto rango del gobierno venezolano. Sin embargo, el tiempo evidenció la verdad, las consecuencias las pagarían todos. Ya que ese régimen inicial podía ser extendido a «toda persona» que el secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado, determinara como «responsable o cómplice» de acciones que la Casa Blanca, definiese unilateralmente como «ilícitas».
Respuesta de Venezuela
Luego de emitirse la orden ejecutiva, en el país comenzó una campaña para exigir la derogación de dicha orden firmada por Obama contra el pueblo venezolano.
En tal sentido, la cancillería de Venezuela respondió mediante un comunicado que el decreto violaba los principios del derecho internacional.
“El unilateralismo y la extraterritorialidad practicados permanentemente en el mundo por el Gobierno estadounidense, se considera una violación flagrante a los principios y propósitos de Carta de Naciones Unidas. Así como al estado de Derecho Internacional, vulnerando los principios de no injerencia en asuntos internos y de igualdad soberana entre los Estados”.
Por último, Venezuela también criticó la doble moral de EE.UU. al ser “uno de los países donde la violación a los DD.HH. es una política de Estado y el belicismo es practicado en regiones enteras del mundo. Negando de esta forma el acceso masivo de los pueblos a los derechos humanos”.
Recientemente, el canciller Yván Gil, denunció una vez más ante el Consejo de derechos Humanos de la ONU que esta política es una acción criminal y de neocolonialismo contra los países libres.
