Con el cierre de operaciones de la compañía estadounidense Halliburton, dedicada a operaciones petroleras, más de 400 trabajadores quedaron literalmente en la calle. Mediante un comunicado, la empresa dejó ver los motivos que le llevaron al irse.
Aunque las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre el hecho, los centenares de familias afectadas por el despido masivo de la empresa extranjera están a la expectativa al perder, drásticamente, su estabilidad laboral.
La compañía, con presencia en más de 70 países y unas 300 subsidiarias a escala mundial; tiene también un prontuario acumulado por la defensa de intereses financiero durante la guerra en Irak, promovida por la Casa Blanca.
Halliburton estuvo bajo la dirección del expresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. De igual manera, la transnacional estuvo vinculada al financiamiento de la campaña de Hillary Clinton en su carrera presidencial del año 2016.
Además, ha sido objeto de investigaciones por casos de fraude y pago de sobornos en territorio iraquí. Incluso, algunos congresistas estadounidenses han manifestado su sorpresa por el hecho de que sigan otorgando contratos a la firma, aún cuando se conoce de sus turbios negocios.
¿Un capataz desde Washington?
Así cómo Halliburton, otras empresas están condicionadas por las denominadas «sanciones» que impone el gobierno de Estados Unidos. Entre ellas están Chevron Corporation, Schlumberger Limited, Baker Hughes, a GE Company, Weatherford International.
Todas estas empresas transnacionales mantienen sus operaciones con licencias temporales para el desarrollado sus actividades habituales; bajo el control de las medidas coercitivas y unilaterales de la Casa Blanca.
En los próximos días se conocerá y otras firmas se verán afectadas por la eliminación de licencias que otorgó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Por otra parte, cabe destacar que esas licencias limitan las actividades de empresas estadounidenses al ámbito de la seguridad o mantenimiento de activos, pero les prohíbe perforar, refinar, tranzar o transportar el crudo venezolano. Tampoco les autoriza para el diseño, construcción e instalación de pozos petroleros.
