El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país por «grave conmoción interna», justo en medio de un paro nacional que inició hace dos semanas. Específicamente, el paro protesta contra la eliminación del subsidio al diésel, lo que aumenta la tensión social en la nación. Esta medida plantea serias dudas sobre la capacidad del Gobierno para manejar la crisis sin recurrir a mecanismos extraordinarios.
El decreto 174 establece formalmente el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. Según el documento, estas provincias concentran la mayoría de los actos violentos registrados durante el paro. En efecto, el Gobierno alega que la situación amerita la intervención de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden.
El documento detalla que en estas localidades ocurren actos violentos contra servidores públicos, se paraliza el transporte y se cierran vías. Además, el paro limita el trabajo y el ejercicio de actividades económicas y productivas, y atenta contra sectores estratégicos. Por consiguiente, la administración Noboa justifica su decisión señalando el deterioro del orden público y la afectación a la economía nacional.
A raíz de esto, Noboa también dispuso la movilización inmediata de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional hacia esas localidades. El objetivo principal de esta acción es prevenir acontecimientos de violencia y proteger la vida e integridad física de la ciudadanía. Igualmente, el Gobierno busca garantizar el derecho a la libre circulación y el desarrollo de actividades económicas, las cuales sufren una grave afectación por las protestas. Por lo tanto, las fuerzas de seguridad asumirán el control de las zonas designadas.
Implicaciones políticas y sociales
La declaración del estado de excepción restringe derechos ciudadanos como la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio, generando críticas de organizaciones de derechos humanos que advierten sobre posibles abusos de poder. Por otra parte, los líderes del paro nacional rechazaron la medida, afirmando que el Gobierno intenta silenciar la protesta social en lugar de ofrecer soluciones reales a la crisis económica provocada por el ajuste en los subsidios.
No obstante, el Gobierno mantiene su postura y afirma que la medida resulta necesaria para evitar el caos. El debate público se intensifica a medida que la gente cuestiona la viabilidad de una gobernanza que depende continuamente de medidas de excepción. Finalmente, la imposición del estado de excepción marca un punto de inflexión en el conflicto, obligando a todos los actores políticos a revisar sus estrategias en un clima de alta tensión social.
