El gobierno argentino, bajo la dirección del presidente Javier Milei, inició el proceso para la privatización del agua a través de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). AySA provee servicios de agua potable y saneamiento a la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. Esta medida ambiciosa busca transferir el 90% de sus acciones a capitales privados, un cambio drástico en la gestión de un servicio esencial.
Manuel Adorni, vocero presidencial, detalló el esquema de esta privatización del agua, que tendrá un enfoque mixto. El plan combina una licitación nacional e internacional para seleccionar un nuevo operador principal. Además, una oferta pública inicial abrirá el capital a otros inversores, ampliando la base de participación.
Para asegurar una transición ordenada, el gobierno garantizará la permanencia de los empleados como accionistas, permitiéndoles mantener el 10% del capital social a través del Programa de Propiedad Participada. Esto busca mitigar preocupaciones sobre la estabilidad laboral y brindar a los trabajadores una participación directa en la empresa.
Justificación
Adorni justificó la decisión argumentando que, desde su estatización en 2006, AySA ha requerido aportes de los argentinos que suman 13.400 millones de dólares. Según el vocero, indicadores clave muestran un deterioro en la infraestructura. También afirmó que la dotación de personal creció un 90% durante la gestión estatal, mientras la morosidad de los usuarios aumentó del 4 al 16%. Estos datos son los pilares de la argumentación gubernamental para justificar la necesidad de la privatización del agua.
Sin embargo, a pesar de las críticas de Adorni, un informe reciente de la gerencia de AySA presenta una perspectiva diferente. Este informe indica que, gracias a un aumento de tarifas, la empresa logró un superávit en 2024. El Gobierno planea utilizar este dato para atraer a posibles oferentes, presentando a AySA como una inversión rentable y atractiva. Esta contradicción en los datos subraya las diferentes narrativas que rodean el proceso de privatización del agua.
Historial de AySA
AySA fue creada en 2006 para reemplazar a Aguas Argentinas, una compañía controlada por la francesa Lyonnaise des Eaux (Suez). Esta empresa había ganado la licitación en 1993 durante las privatizaciones del Gobierno de Carlos Menem. La rescisión de ese contrato en 2006 se debió a incumplimientos contractuales y problemas de calidad en el servicio. Tras la estatización, entre 2006 y 2015, AySA expandió significativamente la cobertura de agua potable a 3 millones de habitantes (83.3% de cobertura) y de desagües cloacales a más de 2 millones (63.3% de cobertura).
Esta privatización del agua se enmarca dentro de la Ley Bases, que incluye a AySA y otras 7 empresas públicas como «privatizables». Esto forma parte de la estrategia más amplia de Milei para reducir drásticamente el tamaño del Estado. El gobierno justifica estas acciones como necesarias para reducir la estructura estatal y el gasto público.
En enero, la administración de Milei privatizó la siderúrgica Impsa, fundada hace 118 años. Además, el gobierno también privatizó Energía Argentina (Enarsa), una compañía que cubre toda la cadena de valor vinculada con los hidrocarburos, e Intercargo, el servicio de rampas que se brinda en los aeropuertos.
Corredores Viales, que gestiona autovías en 13 jurisdicciones, y Belgrano Cargas, que opera servicios ferroviarios desde 2013, también fueron privatizadas. La privatización del agua en AySA sigue el patrón de Milei para redefinir el rol del Estado en la economía argentina.
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