Gobierno de facto en Bolivia: corrupción, despilfarro y persecución

En Bolivia, en medio de la pandemia por covid-19 que se ha cobrado la vida al menos de 128 personas en ese país altiplánico, medios locales han difundido evidencias que vinculan al gobierno de facto de Jeanine Áñez con actos de corrupción y despilfarro de recursos públicos.

El pasado 4 de mayo medios locales expusieron dos casos de tráfico de influencias y uso indebido de bienes del Estado por parte del círculo ultra-conservador que representa Jeanine Áñez. La diputada de Tarija, Ginna Torres, utilizó un avión de la Fuerza Aérea Boliviana para trasladarse ella y su hijo, donde debió sesionar en la Asamblea Nacional. No obstante, la congresista terminó asistiendo al cumpleaños de la hija de la autodenominada presidenta transicional Jeanine Áñez, Carolina Ribera Áñez.

Ginna Torres fue quien gestionó el uso de un helicóptero para que pastores evangélicos hicieran oraciones desde el cielo, lo que costó $11.500 dólares al Estado, según el periódico Verdad con Tinta.

El segundo caso del uso indebido de los recursos del Estado con fines recreativos fue el de la exmiss, Yaracobi Shiraishi, quien se dirigió a La Paz en compañía del ministro de la presidencia, Yerko Núñez.

Estos casos revelados a la luz pública fueron confirmados por el gobierno de facto y argumentaron que el uso de los vehículos aéreos del Estado se usaron con “fines humanitarios”.

Agudiza la crisis

Esto hace el gobierno de facto, mientras el pueblo boliviano protesta por la falta de insumos en hospitales, la ausencia de respiradores artificiales y la carencia de tests para la detección del coronavirus y las duras condiciones de vida a la que está sometida la población por la ausencia de políticas de protección para los trabajadores. Persiste el desorden y el caos en la clase política dominante.

A mediados de abril, el ministro de Salud, Anibal Cruz, renunció dando paso al actual ministro Marcelo Navajas, quien para enfrentar la crisis por el covid-19 anunció trabajar en un plan de intervención de los servicios departamentales de salud con intereses privados relacionados con la biotecnología.

Navajas -quien forma parte del círculo de Erick Foronda, asesor de Jeanine Áñez y autodefinido como agente de la CIA- es el encargado de estudiar las diversas medidas de represión contra el pueblo boliviano y líderes políticos vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), al criminalizar la cuarentena con la implementación de tobilleras que impidan a la población desplazarse de sus domicilios.

El pasado 8 de mayo el ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, fue sustituido por Óscar Ortiz, precursor del golpe de Estado contra Evo Morales, vinculado a grupos empresariales dedicados a la producción de semillas transgénicas, quienes tienen allanado el camino con el Decreto Supremo que aprueba el uso de semillas transgénicas, que está penado por la Constitución.

Compras irregulares

El 11 de mayo salió a la luz pública la renuncia del viceministro de Defensa, Raúl Ramiro Peñaloza, y el viceministro de Defensa Civil, Fernando Calderón Terán, el pasado 30 de abril.

Los medios locales atribuyen la salida de estas exautoridades a irregularidades sobre compras que no ingresan a los almacenes, incluso llegando al punto de no ser informado por autoridades correspondientes de las compras.

En referencia a este caso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, indicó que el gobierno de facto es “un gobierno bañado en corrupción. La mayoría participa en estas situaciones que atentan contra de los recursos económicos del pueblo boliviano. Están haciendo uso y abuso de la cosa pública; de las avionetas que de alguna manera deben prestar un servicio se están usando como taxis”.

El parlamentario por el MAS también denunció el uso de concesiones mineras para ser distribuido por clanes familiares.

Por su parte el expresidente Evo Morales lamentó los retrocesos que sufre el país andino como consecuencias de masacres, persecuciones, encarcelamientos y acusaciones, tras el golpe de Estado de hace seis meses.

“Un gobierno de “transición” es para convocar a elecciones, no adoptar ilegales decisiones que comprometen nuestro futuro, como transgénicos para consumo humano, deudas con FMI, cambios en modelo económico, reversión de tierras y concesiones mineras en favor de grandes empresarios”, precisó el líder indígena.

 


 

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