Tras 40 días de fuerte represión policial contra manifestantes y más de 11 mil 500 heridos, el Gobierno de Chile admitió a disgusto la violación de derechos humanos y consideró necesaria una «reforma» a los Carabineros.
El anuncio durge, luego que la organización Human Rights Watch, invitada por el propio presidente Sebastián Piñera, emitiera un informe en el que reflejaba las graves violaciones a los derechos humanos.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, señaló como medida concreta la instrucción dada al director de Carabineros, general Mario Rozas, para revisar las actuaciones que se alejen de lo establecido y que significan cuestionamientos y denuncias.
Por su parte, el general Rozas deberá presentar una serie de propuestas en el plazo de una semana, mientras que el Ministerio del Interior creará un grupo para que con urgencia proponga medidas de corto y mediano plazo para la agenda de modernización de Carabineros.
Sin embargo, no solo Rozas está en la mira, sino también el mandatario, porque todas las denuncias sobre violaciones refuerzan directamente la acusación constitucional que analiza una comisión de la Cámara de diputados contra Piñera, precisamente como máximo responsable de la represión desatada desde el 18 de octubre.
