La carta enviada por grupos de oposición al presidente estadounidense, Joe Biden, sigue dejando en evidencia las contradicciones y entre voceros de la extrema derecha, luego de que se conocieran los nombres de quienes escribieron la misiva que dirigieron al jefe de la Casa Blanca, entre ellos un directivo de El Nacional.
Tal es el caso de Jorge Makriniotis, gerente general del diario, quien figura entre los profesionales que solicitaron a la administración de Washington; para que flexibilice la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra el país suramericano.
No obstante, la postura del periodista llamó la atención ya que constituye una línea política distinta; a la que ha manifestado constantemente el propietario de dicho medio de comunicación, Miguel Henrique Otero. El empresario ataca al presidente Nicolás Maduro y al Gobierno Bolivariano de forma constante y vehemente.
En ese sentido, luego de que Makriniotis firmara la carta, su jefe declaró que entiende que algunas personas “puedan tener dudas sobre este tema. Y en particular, algunos columnistas y algún ejecutivo del periódico; pero respetando la libertad de expresión de trabajadores y colaboradores, nuestra posición a este respecto sigue siendo firme”.
¿Confrontación o diálogo?
El gerente del diario El Nacional, Jorge Makriniotis, ha expresado su tendencia favorable a mantener el diálogo entre sectores de la oposición y el Gobierno Bolivariano, tal como ocurrió en ocasiones anteriores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, ahora con la misiva enviada Joe Biden.
Inclusive, en una entrevista que concedió al propio periódico en abril de 2021, ratificó su disposición y voluntad de votar; de motivar a otra personas para que también lo haga. Más allá de que en alguna circunstancia pueda considerar que “no hay” condiciones para ejercer el sufragio.
Por su parte, el dueño de El Nacional, Miguel Henrique Otero, insiste en acusar al gobierno y al jefe de Estado venezolano de todos los problemas en materia de salud, economía, alimentación, servicios públicos y otros en torno a los cuales eligió “liberar” de cualquier responsabilidad a las denominadas sanciones.