El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, junto con el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, aclaró que la Corte Penal Internacional (CPI), en modo alguno, ha fallado contra Venezuela. De esta forma, el titular del Ministerio Público le salió al paso a versiones engañosas, puestas a rodar por algunos medios de comunicación y replicadas en redes sociales.
En conferencia de prensa conjunta, el Fiscal General explicó que la CPI está en fase preliminar para determinar si toma la decisión de investigar o no. De acuerdo con lo explicado por el alto funcionario venezolano, en esta etapa la instancia internacional está recabando información. Y con base en los datos evaluados definirá su posición.
Asimismo, Saab detalló que la CPI está evaluando dos casos distintos: el informe Venezuela I, referido a presuntos delitos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad, al menos desde abril de 2017. Ello en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados (Guarimbas extendidas). El estudio de este asunto inició en febrero de 2018.
Sufrimiento del pueblo
Mientras que en el informe Venezuela II, la Corte evalúa todo lo relacionado con presuntos crímenes de lesa humanidad, cometidos “como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas”. Adoptadas unilateralmente por el gobierno de los E.E.U.U contra Venezuela desde por lo menos el año 2014.
En tal sentido, Saab destacó la importancia de que los órganos del sistema de justicia venezolano, estrechen el intercambio y la cooperación con la CPI. Como en efecto ha ocurrido, con la reunión de trabajo que sostuvieron la Fiscalía y la Defensoría de Venezuela, con la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que se desarrolló el pasado 4 de noviembre.
El máximo vocero del Ministerio Público destacó que en esta etapa preliminar, “procede la constructiva colaboración entre las oficinas de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana“.
Con respecto a las categorías legales, Saab explicó que bajo ningún concepto puede hablarse de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto porque “no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico. Si ocurriesen serían sancionados por todo el peso de la Ley“, aseveró Saab.
Atropellos sancionados
El Fiscal reseñó que, en todo caso, en el país puede hablarse de algunos delitos de funcionarios de organismos de seguridad del Estado, contra los Derechos Humanos de personas o grupos. En buena medida, la mayoría de estos casos han sido debidamente investigados, denunciados y sancionados por el sistema de justicia venezolano.
En el supuesto que la CPI determine que procede una investigación contra Venezuela, el Fiscal Saab precisó que el Estado venezolano podrá demostrar fácilmente que estas irregularidades han sido investigadas y castigadas.
Saab reiteró que las actuaciones de la Corte Penal Internacional tienen carácter complementario. Y no sustituyen al sistema de justicia venezolano. Según se desprende del Estatuto de Roma en su artículo 1.
También resaltó Saab, que la Fiscal Bensouda fue invitada a Venezuela para que conozca in situ la verdadera situación del país. El alto funcionario venezolano resaltó que esta situación contrasta con la posición asumida por los EE.UU., cuyas autoridades han emitido sanciones contra la propia fiscal Bensouda.
Criminales protegidos
Por su parte del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, destacó que se ofreció detalles del daño provocado por las “sanciones”, en materia de importación de alimentos y medicamentos básicos para la población venezolana.
Asimismo, el titular de la Defensoría resaltó que el gobierno de España ha obstaculizado la extradición del presunto responsable de la quema del ciudadano Orlando Figuera. Este venezolano fue, literalmente, prendido en fuego vivo, por turbas opositoras que lo confundieron con un seguidor del chavismo.