Los familiares de los detenidos por los hechos violentos perpetrados después del 28 de julio rechazaron que la oposición los utilice como bandera política, así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
Tras sostener un encuentro con los familiares de los detenidos posterior a las elecciones del 28J, Saab reveló que están preocupados por el uso indebido que le dan sectores extremistas del país a sus casos.
«Efectivamente, nosotros sostuvimos una reunión con familiares de personas detenidas por los sucesos post 28 de julio (…) El testimonio de los familiares que se compartirá a través de los medios es que ellos no desean que se les utilice de manera indebida por factores políticos extremistas que fueron responsables y que ahora desearían lo mejor o han buscado utilizar a los familiares y a los detenidos luego de que los incitaron e instigaron, como si fuesen carne de cañón», precisó el titular del Ministerio Público (MP).
Tarek William Saab manifestó que seguirán realizando revisiones a través del Poder Judicial a algunos detenidos de manera probatoria o de excarcelación.
En el encuentro entre los familiares de los detenidos y el fiscal, que se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el titular del MP explicó que revisando los casos se puede llegar a una revisión de medida, que posteriormente llevará a juicio en casos de haya una condena.
“Revisando los casos, podemos llegar a conclusiones de carácter procesal, repito, que puedan significar una revisión de medida y nos lleven a juicio posteriormente en aquellos casos que haya lugar a una condena”, puntualizó el fiscal.
Estas acciones se dan en cumplimiento a los derechos y garantías constitucionales en los procedimientos judiciales, por lo que hasta la fecha el MP ha emitido más de 200 medidas sustitutivas.
Desde el mes de noviembre, Saab ha reiterado que el MP está revisando algunos casos de los detenidos entre el 28 y 30 de julio. Sin embargo, aclaró que también tienen que visibilizarse las víctimas del terrorismo.
Estas acciones violentas impulsadas por sectores de la extrema derecha posterior a las elecciones dejaron un saldo de 28 muertos, 190 heridos y la destrucción de al menos 500 instituciones públicas.
