El Gobierno de Chile ha anunciado que presentará querellas judiciales contra cada una de las 16 personas que ya han sido identificadas como responsables de los disturbios registrados esta semana, en el marco de unas protestas contra la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
La denuncia del Ejecutivo Nacional alega una presunta infracción a la Ley de Seguridad del Estado, e involucra a los dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) que llamaron a movilizarse contra la rendición de la prueba selectiva el lunes 6 y martes 7 pasados.
La PSU ha sido calificada como una prueba de acceso a la universidad con efecto discriminatorio y de segregación de alumnos de menor estrato socioeconómico. Además de dejar a muchos estudiantes fuera del sistema educativo, critican el endeudamiento al que se someten los jóvenes para costear sus estudios.
Cientos de estudiantes y profesores se han manifestado en los últimos días en todo Chile contra este sistema de evaluación que consideran “sexista” y “clasista“. El martes, último día del PSU, los altercados obligaron a suspender el examen en varios centros.
Los estudiantes chilenos llevan más de una década reclamando en las calles contra el sistema educativo que implantó en el régimen de Augusto Pinochet que aún hoy, tras varias reformas, se mantiene en el puesto más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
No obstante, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) publicó el jueves 9 una declaración, en la cual se refieren a la denuncia por Ley de Seguridad del Estado presentada por el gobierno de Sebastián Piñera como respuesta a la lucha de estos dirigentes estudiantiles.
“Hemos decidido poner fin a una prueba estandarizada, que lleva años condicionando la vida de los hijos e hijas de los trabajadores, segregando y siendo un pilar fundamental de la educación de mercado que rige desde la dictadura en nuestro país”, reitera la declaración.
Entre los denunciados se encuentra el vocero de la ACES, Víctor Chanfreau, de 18 años de edad, nieto de Alfonso Chanfreau, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y detenido-desaparecido tras el golpe de estado de 1973.
El boicot a la PSU como sistema de evaluación se enmarca en el conflicto social que desde el mes de octubre tiene en vilo al Gobierno de Piñera.