Venezuela redefine hoy su destino financiero bajo un modelo de gestión que rompe con las viejas estructuras del rentismo tradicional. El Gobierno Nacional establece una hoja de ruta clara donde la economía se pone al servicio de las mayorías, transformando cada barril extraído en bienestar tangible.
Bajo esta premisa, el Estado asegura que cada dólar que entra por el concepto de petróleo y gas se convierte directamente en protección social, en infraestructura pública y en producción nacional. La riqueza energética de Venezuela no es un botín, sino un compromiso nacional ineludible que garantiza la soberanía del país frente a los desafíos globales.
En primer lugar, la nueva estrategia establece que toda divisa generada por la industria hidrocarburífera se destinará exclusivamente a dos instrumentos financieros de alto impacto. El Fondo de Protección Social que tiene como objetivo prioritario mejorar el ingreso laboral de los trabajadores venezolanos, actuando como un escudo contra la inflación y el bloqueo.
Por otro lado, el Fondo de Infraestructura y Servicios Públicos se encargará de canalizará recursos para modernizar la red eléctrica, el suministro de agua y las vialidades. De esta manera, el país fortalece su economía interna mediante una inversión que el ciudadano puede ver y sentir en su comunidad inmediata, eliminando los desvíos innecesarios de capital.
Inversión soberana para la producción real
Además de la protección social, el segundo pilar se enfoca en el crecimiento de los sectores económicos no petroleros. La inversión petrolera actual no desplazará la producción nacional; por el contrario, la impulsará a través de un agresivo programa de crédito productivo.
Estos recursos se dirigen específicamente a los sectores reales como el agro, la industria, la pesca y el turismo, evitando que el capital termine en la especulación financiera. Gracias a esta política de sustitución estratégica de importaciones, Venezuela construye una economía diversificada donde el petróleo funciona como el motor de arranque para que el campesino y el industrial produzcan lo que el país consume.
Finalmente, el tercer pilar para la gestión de estos recursos se sustenta en la honestidad y la tecnología de vanguardia. Los fondos soberanos operarán sin las trabas de la burocracia excesiva y sus movimientos aparecerán en una plataforma tecnológica pública de libre acceso.
Mediante esta herramienta, cualquier venezolano podrá comprobar en tiempo real cómo la riqueza energética se convierte en bienestar colectivo. Tal como afirmó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez durante el Consejo Nacional de Economía el pasado 16 de enero: «la renta petrolera debe ser para toda Venezuela». Esta visión asegura que la riqueza energética actúe como motor de justicia bajo los ideales bolivarianos.
