Este viernes ha sido una nueva jornada para conocer más elementos de la trama asociada a la incursión ilegal en costas venezolanas, detenida el pasado 3 de mayo por autoridades policiales y militares de la nación suramericana.
En una nueva alocución desde el Palacio de Miraflores, el vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, detalló varias de las condiciones y características legales previstas en los adendum o anexos legales del contrato firmado el pasado 16 de octubre entre Jordan Goudreau (dueño de la empresas de mercenarios Jordan Goudreau), el opositor Juan Guaidó, el asesor Juan José Rendón, el parlamentario Sergio Vergara y el abogado Manuel Retureta (en calidad de testigo), para llevar a cabo la operación que recibió el nombre de Gedeón. Esto soportado en una publicación del medio The Washington Post.
Las condiciones se resumen en entrega de groseras sumas de dinero, violación de soberanía, traición a la Patria y demolición de toda la institucionalidad democrática vigente. En el anexo A de documento «legal» se especifica todo lo concerniente a los pagos: Guaidó debía pagar un millón y medio de dólares no reembolsables los primeros 5 días a partir de la firma del contrato (16 de octubre de 2019). La primera fase del contrato tendría un costo de al menos 50 millones de dólares, incluyendo gastos operacionales.
El costo total del contrato para cometer los asesinatos, poner minas y bombardear era de 212 millones de dólares y duraría 495 días, «porque no solamente se trataba de derrocar al gobierno constitucional sino que la empresa se quedara como fuerza armada de ocupación mientras estabilizan la situación». Adicionalmente, una vez culminado lo que denominan «el proyecto», le pagarían mensualmente al contratista Jordan Goudreau un mínimo 10 millones 860 mil dólares, 14 millones 820 mil dólares en promedio y un máximo 16 millones 456 mil dólares».
Sobre el servicio, los contratistas estadounidenses debían «asistir al grupo aliado en planificación de una operación de captura, detención y eliminación de Nicolás Maduro, derrocamiento del régimen actual e instalación de Juan Guaidó. En el caso de que Nicolás Maduro renuncie a su cargo de Presidente, sea removido por otro grupo o gobierno, o entregue el poder a otro individuo, antes de que la operación se lleve a cabo, el contratista continuará sus servicios durante el tiempo acordado; es decir, pasara lo que pasara debía hacerse sí o sí el pago total de 212 millones de dólares.
Respecto del financiamiento de la operación, reza el anexo que el contratista no requiere préstamos por completo para comenzar a prestar sus servicios; es decir el contratista toma el primer monto y en la banca pediría crédito para financiar las operaciones. Guaidó se compromete a pagar el préstamo con intereses de 55% anual, un mes después de la finalización del «proyecto» (salida-remoción del gobierno actual y entrada de Guaidó).
Otra de las condiciones es que el grupo de tareas se convertirá en una unidad de activos nacionales que actuará directamente bajo órdenes de Guaidó y ese grupo comando mandará sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos policiales del país. Las infraestructuras, medios de comunicación y objetos económicos (como pozos petroleros) serán en la medida de lo posible inhabilitados e interrumpidos en vez de destruidos. «Goudreau sería una fuerza supranacional que rendiría cuentas a Guaidó y al mismo tiempo Goudreau controlaría a un eventual ministro para defensa, a todos los componentes de la FANB, policía y funcionarios civiles (…) Es el fascismo llevado a niveles legales o jurídicos«, especifica el ministro Rodríguez.
Asimismo el grupo táctico podría «declarar hostiles a ciertas fuerzas militares del antiguo régimen y deberán ser neutralizadas», lo mismo que Nicolás Maduro y aliados claves como Diosdado Cabello. Goudreau tendría autoridad para declarar cualquier ataque y activar el fuego, también autorizar golpes a cualquier elemento no militar, cualquier vehículo aéreo e infraestructuras enemigas.
Además, cualquier tipo de disturbio será considerado amenaza y será detenido por la fuerza e igualmente se plantea que el grupo en cuestión sea una especie de «casa militar mercenaria».
Sobre las armas, se autoriza el uso de todo tipo de arma convencional, minas auto activadas o detonables. El personal tendrá privilegios, excepciones e inmunidades equivalentes a aquellos de los que goza una fuerza venezolana, podrá salir de Venezuela sin identificación más que el carnet de Silvercorp, y en grupo o individualmente. Igualmente, queda autorizado para usar uniforme militar y portar armas de fuego mientras esté en servicio.
«No cabemos en nuestro asombro de cómo estos seres humanos fueron capaces de firmar un papel ordenando el asesinato de su contendiente político, el asesinato del Presidente de la República, el asesinato de Diosdado Cabello, ordenando el asesinato de la mayor parte del alto mando militar y del alto mando político de la Revolución Bolivariana, ordenando la derogatoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordenando que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se supeditara a los designios de militares extranjeros como es el caso de Jordan Goudreau», aseguró el vicepresidente sectorial.
«Es imposible negar a estas alturas que el contrato existe», aseguró Rodríguez, al tiempo que consideró que «medios de derecha intentan lavarle la cara a Guaidó», precisamente por las peligrosas condiciones descritas con anterioridad.
