El protector del estado Táchira, Freddy Bernal “se encuentra en este momento, en aislamiento y bajo tratamiento; además, está en una condición estable”.
Así lo informó el coordinador del Gabinete de Comunicación, Telecomunicación y Cultura del Protectorado del Táchira, Yepfri Argüello; en entrevista concedida al circuito Unión Radio.
Freddy Bernal confirmó el domingo 9 de agosto que resultó positivo a la prueba molecular (PCR) para la detección del contagio por coronavirus, tras adelantar horas antes que se mantenía en aislamiento a la espera de los estudios.
El dirigente se sumó a la lista de líderes revolucionarios nacionales, regionales y locales que han contraído el virus en cumplimiento de sus funciones.
La actividad de Freddy Bernal se desarrolla en la zona fronteriza con Colombia, en el estado Táchira; donde se desempeña como protector de la entidad andina desde el año 2018.
El coordinador de Comunicación del Protectorado del Táchira, Yepfri Argüello, en entrevista concedida a Unión Radio, informó que “el protector Freddy Bernal, se encuentra en este momento en aislamiento y bajo tratamiento, además, está en una condición estable”.
Via Yepfri
— FaniaRodrigues ? (@FaniaRodrigues) August 12, 2020
Gestión ante la pandemia
Freddy Bernal se ha mantenido al frente de las operaciones para combatir mafias que amenazan la seguridad de Venezuela; primero en cuanto a la lucha contra el contrabando y actualmente para coordinar el ingreso seguro de connacionales en medio de la pandemia.
Existen en territorio tachirense más de 30 Puestos de Atención Social Integral (PASI), que garantizan servicios médicos y logística para los miles de personas que retornan a Venezuela luego de sufrir en otros países suramericanos por xenofobia y falta de atención sanitaria.
El protector del estado Táchira se encarga directamente de coordinar y supervisar la acción de los cuerpos de seguridad para evitar la entrada de connacionales mediante pasos ilegales conocidos como “trochas”.
Hasta la fecha cerca de 200 “trocheros” fueron puestos a la orden del Ministerio Público para cumplir una condena entre 6 y 10 años por de tráfico de seres humanos, concierto para delinquir y corrupción propia, previstos en el Código Civil venezolano.
