Este lunes comenzó en Londres el juicio de extradición a EE.UU. del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Washington le acusa de espionaje y de revelar documentos secretos del país sobre la guerra en Irak y Afganistán.
La defensa del activista por la información solicitará la nulidad de la extradición argumentando que su cliente no cometió delito al divulgar información que revela la violación de los derechos humanos por parte del gobierno estadounidense en esos países.
Assange se enfrenta a una condena de 175 años por la publicación de documentos que revelan crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos.
Persecución política
Para sus abogados y seguidores, la cusa contra el fundador de Wikileaks es un proceso político que podría sentar un precedente nefasto para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
El juicio sería un capricho del gobierno de Trump, que se atrevió a hacer lo que la administración de Obama no pudo, ya que no consiguió en aquel entonces separar la responsabilidad de Assange de una serie de publicaciones en la que colaboraron para su revelación varios medios como The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y muchos más.
Para los expertos legales que siguen este caso, EE.UU. vulnera la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo; pero de acuerdo a las razones de la fiscalía estadounidense, estos derechos constitucionales no aplican para Assange, quien es extranjero.
Desde esta perspectiva, los estadounidenses se abrogan el privilegio de la aplicación extraterritorial de sus leyes y niegan cualquier protección constitucional a quienes no sean sus ciudadanos.
Los riesgos en el futuro
Otro peligro latente en este proceso de extradición en contra de Julian Assange es que deja la puerta abierta a que en el futuro puedan ser detenidos y enviados a EE.UU. periodistas o editores que publiquen información que Washington considere que es sensible a su seguridad.
Hasta ahora EE.UU. no ha demostrado que las informaciones publicadas por Wikileaks hayan causado algún daño comprobable a su país; pero en su defensa han dicho que tampoco están en la obligación de comprobarlo.
Esta determinación es lo que reafirma entre los defensores de Assange que el juicio contra el fundador del portal Wikileaks es un proceso judicial; que en vez de castigar al perpetrador de violación a los derechos humanos, pone preso a quien revela la información.
¿En qué se parece el juicio de extradición de Julian Assange a una peligrosa amenaza a la democracia y periodismo internacional? Las similitudes hablan por sí solas.
