La comunidad internacional y diversos sectores políticos dentro de Estados Unidos manifestaron este miércoles una profunda preocupación tras el anuncio de la Casa Blanca sobre la implementación de un bloqueo naval total contra petroleros vinculados a Venezuela. La orden ejecutiva, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 16 de diciembre, califica al gobierno venezolano como una «organización terrorista» y autoriza el uso de fuerzas navales para interceptar embarcaciones, una medida que ha encendido las alarmas diplomáticas en todo el hemisferio.
Desde el Capitolio, la respuesta surgió con una rapidez inusitada. Legisladores del Partido Demócrata, integrantes del Comité de Asuntos Exteriores, cuestionaron inmediatamente la legalidad de la maniobra. Estos representantes calificaron la acción como un «acto de guerra» y recordaron que el Ejecutivo no posee la autoridad constitucional para iniciar operaciones de esta magnitud sin la aprobación explícita del Congreso. En consecuencia, exigieron reuniones informativas urgentes para que la administración presente las pruebas que sustentan esta escalada militar y aclare si el objetivo final es un cambio de régimen forzado.
Por otro lado, el Gobierno de Venezuela denunció la medida como un acto de “piratería internacional”, especialmente tras el asalto a un buque petrolero ocurrido días antes. El presidente Nicolás Maduro convocó a una movilización global contra lo que considera un intento de apropiarse de los recursos energéticos del país. Asimismo, Diosdado Cabello advirtió en rueda de prensa que Estados Unidos no logrará extraer «ni una gota de petróleo» mediante la fuerza, acusando a Washington de pretender robar no solo crudo, sino también las reservas de oro y gas de la nación.
Rechazo internacional y movilización regional
Además de las tensiones bilaterales, los aliados regionales de Caracas alzaron su voz en señal de protesta. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, utilizó sus redes sociales para expresar un rechazo enérgico, subrayando que la verdadera intención de Washington es el saqueo de recursos soberanos. De igual forma, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad publicó un manifiesto exigiendo solidaridad internacional frente a lo que describen como una “grosera amenaza” a la paz regional.
Mientras tanto, en el frente interno de Estados Unidos, la división es evidente. Aunque algunos sectores republicanos respaldan la presión máxima, otros exigen transparencia ante la falta de evidencia pública que justifique un cerco naval. Esta incertidumbre legal y la retórica beligerante aumentan el riesgo de incidentes en el Caribe, en un momento donde la diplomacia multilateral parece haber perdido terreno frente a la acción directa. Finalmente, la volatilidad de la situación sugiere que el Congreso estadounidense será el campo de batalla decisivo para determinar si el Ejecutivo mantiene o retrocede en su estrategia de bloqueo.
