por: Javier Tolcachier
Las llamas en la Amazonía sintetizan el cuadro de la situación política actual de Latinoamérica. Según un reciente boletín del Instituto Tricontinental de Investigación Social este año ha habido 40.341 incendios en el Amazonas, la cifra más alta desde 2010. No cabe duda alguna que la catástrofe humana y ambiental que esto representa tiene su raíz en los intereses de lucro de los sectores ruralistas y en la elevación general de temperatura. Todo ello fruto de una política depredatoria alentada por el capital oligárquico y transnacional y su brazo político, la derecha internacional.
El gobierno de Bolsonaro, controlado desde los estamentos militares del país en alianza con el gremio de la gran empresa, el oligopolio mediático, altos estamentos del poder judicial y los sectores retrógrados del evangelismo neoliberal, propugna el incendio social de Brasil. La reforma del sistema previsional, la privatización de bienes nacionales, el recorte a los programas de redistribución y fomento a la educación pública, la represión a la población marginada, la entrega de la soberanía a los dictámenes de los Estados Unidos, completan el programa iniciado por Temer, luego del golpe parlamentario- mediático que derrocó a Dilma Rousseff en 2016 y el encarcelamiento ilegal del favorito a la presidencia Lula. Incendio social que ha comenzado a consumir, en pocos meses, gran parte del apoyo del sector de la población que votó al ex capitán inflamado por discursos de odio y mentiras electorales.
No le va en zaga uno de sus principales socios, el gobierno agonizante de Macri en Argentina, cuyas políticas de recorte, apertura indiscriminada al capital especulativo y endeudamiento descomunal en complicidad con el Fondo Monetario Internacional, calcinaron la actividad productiva, el empleo y las reservas, convirtiendo a la economía argentina en un desierto desolado. El repudio popular se hizo sentir en las urnas de las elecciones primarias, arrasando con la posibilidad de continuar con el proyecto antropofágico y resquebrajando el mosaico hegemónico de la derecha impulsado desde los Estados Unidos.
Poco antes, las llamas ardieron en la última colonia estadounidense de la región latinoamericana. La población de Puerto Rico hizo escuchar su voz y echó al virrey imperial – gobernador en el esquema británico – Ricardo Roselló. También aquí, un programa de severo ajuste y endeudamiento habían quemado la llanura social. Las brasas allí aún no se apagan del todo …
El sufrimiento en Colombia, Honduras y Haití
En Colombia, el incumplimiento programado del gobierno de Iván Duque sobre los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz abrió la puerta a una nueva escalada de ajusticiamiento selectivo de lideres/as sociales y ex combatientes. El nuevo conato armado de un sector de la guerrilla amenaza ahora con servir de excusa a la derecha cavernaria para incinerar la paz y volver el reloj atrás. El motivo es el mismo por el que se desató una guerra de más de cinco décadas: blindar la desigualdad y excluir todo proceso político que amenace cambiar la situación.
Represión que también ha sido el signo del régimen de Juan Orlando Hernández, tras el fraude que posibilitó la reedición de su mandato – de por sí prohibida por la Constitución hondureña. Fraude que, junto a la corrupción, la violencia y la miseria han movilizado masivamente a la población en resistencia a la total vulneración de mínimos derechos.
Situación flamígera que se repite en Haití, país en el que alimentarse cada día es un milagro. Los índices de pobreza y de desarrollo humano son los más bajos de toda la región y el sistema político está entrecruzado con los intereses empresariales y las embajadas extranjeras.
En el reciente Foro Patriótico por un Acuerdo Nacional Contra la Crisis, diversas fuerzas populares han hecho un llamamiento a continuar la serie de movilizaciones ocasionadas por el desfalco de fondos de PetroCaribe y de la Comisión Interministerial para la Reconstrucción de Haití (CIRH) y más en general, por el hastío popular con la casta gobernante. El objetivo es lograr la dimisión del empresario bananero Jovenel Moïse, actual presidente del país y la instalación de un gobierno de transición para hacer frente a las urgencias del hambre, la miseria y el desempleo que afectan a más del 80% de la población. Las condiciones están dadas para un amplio levantamiento popular que culmine con este gobierno de la derecha, también cómplice de la ofensiva política de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.
Lobos con y sin disfraz de oveja
Ecuador es otro país que ha hecho retroceder las agujas al pasado. Acuerdos con el FMI, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cercenamiento y desmontaje de los nuevos derechos políticos asentados en la constitución de Montecristi, persecución judicial con fines de proscripción a los principales cuadros de la Revolución Ciudadana, son algunas de las marcas que deja la traición del actual presidente Lenín Moreno a la legítima voluntad popular expresada en las urnas en 2017. Voluntad popular que le ha dado la espalda al gobierno (16% de aceptación según una reciente encuesta) y muestra en las repetidas marchas de protesta, huelgas y los resultados de las últimas elecciones seccionales, que no está dispuesto a entregarse sin pelea en las garras de un sistema politiquero controlado por las élites de antaño, representadas por el socialcristianismo de Nebot y el banquero Lasso.
Descontento social que estuvo a centímetros de tumbar al gobierno de derechas paraguayo. A tan sólo un año de su asunción “Marito” Abdo Benítez – hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner – salvó el cuero cabelludo de la guillotina política sólo por un acuerdo con la facción rival colorada. Acuerdo que patrocinó la embajada de las barras y las estrellas para evitar que otro de sus peones fuera borrado del tablero. El pueblo pedía su destitución por el tratado secreto con Brasil sobre la hidroeléctrica Itaipú que perjudicaba al Paraguay. Más allá del impasse, el capital político de Benítez ya se ha consumido y la figura de “joven renovador” con la que se promocionó su candidatura ha quedado en el fondo de pozo. El pueblo está a la espera de la próxima oportunidad para hacer tronar el escarmiento.
En Guatemala, la corrupción política instrínseca al sistema logró triunfar gracias a la proscripción política de la ex jueza Thelma Aldana. Ganó nuevamente una derecha protegida por Estados Unidos en la figura del ex director de prisiones Alejandro Gianmattei. Acusado de ejecuciones extrajudiciales en ocasión de la Operación Pavo Real, ha prometido un régimen de “mano dura”, con la probable reinstalación de la pena de muerte. Será un súbdito del mercado y un diligente seguidor de lo que indique el gobierno de Donald Trump. La resistencia aquí tampoco se hará esperar, tanto desde los sectores indígenas y rurales como de cierta ciudadanía exasperada por la frustración de un país socialmente fallido, que ostenta el trágico record de una desnutrición crónica infantil superior al 46%, el mayor de toda América Latina.
En la cuerda floja
El mandato del ex banquero Pedro Pablo Kuczynski en el Perú duró tan sólo dos años. Su reemplazo Vizcarra camina sobre el desfiladero de las reformas político-judiciales que impulsa. Reformas que, a pesar de ser ansiadas por la población y negadas por un sector del establishment corrupto, son apenas un maquillaje para continuar con el pillaje. La doble derecha peruana, la financiera de guante blanco y la impresentable, del clan Fujimori, han obstruido aquí con persecución política el avance de la izquierda, aunque no logra detener la importante rebelión antiextractivista campesina. Rebelión que, como ha ocurrido siempre en el Perú, bajará de los cerros para obligar a la oligarquía limeña a respetar el derecho del pueblo a una vida mejor.
Tampoco soplan en Chile “los tiempos mejores” que el empresario Piñera prometió a sus connacionales. El paro de 6 semanas del profesorado, el reclamo extendido por la educación pública, las movilizaciones masivas por el fin del sistema previsional de capitalización administrado por las AFPs, los múltiples reclamos sectoriales y locales por vivienda, salud y defensa medioambiental auguran resultados adversos en las próximas elecciones municipales. Descontento que la real oposición – Frente Amplio, PC y sectores antineoliberales del socialismo – tiendan probablemente a interpretar en clave de alianza de coyuntura, prestando atención a lo sucedido en la vecina argentina.
En resumidas cuentas, la derecha latinoamericana, con su programa de destrucción de la posibilidad de nivelación social, ha incinerado en corto tiempo su tan publicitado nuevo ciclo.
¿Surge un tiempo político nuevo en la región?
Tres de los cuatro gobiernos latinoamericanos de izquierda, Cuba, Nicaragua y Venezuela, son herederos de tres grandes revoluciones, separadas entre ellas por un lapso de veinte años. Han resistido y resisten la terrible agresión contrarrevolucionaria que pretende – como es habitual en los regímenes conservadores – dar por tierra con todos los derechos sociales adquiridos. Las fuerzas regresivas contienen no solamente un rasgo económico clasista, sino que revelan entre sus pliegos un fuerte carácter racista y de restauración neocolonial.
Bolivia – el cuarto país gobernado por la izquierda – se apresta a renovar su novedosa revolución indígena y productiva en la figura del actual presidente Evo Morales. Los logros económicos y sociales y el simbolismo reparador de un gobernante surgido de las entrañas de los sometidos, conseguirán vencer en Octubre a la mentira y la conspiración neoliberal.
Mucho más difícil es la posición del Frente Amplio uruguayo, que tendrá que dar batalla en segunda vuelta contra la unidad de todas las fuerzas de la derecha.
El polo de izquierdas incluye también, con sus respectivos matices, a los gobiernos de los primeros ministros de extracción laborista de Ralph Goncalves (San Vicente y las Granadinas), Gaston Browne (Antigua y Barbuda), Roosevelt Skerrit (Dominica), Timothy Harris (San Cristóbal y Nieves) y Keith Mitchell, del Nuevo Partido Nacional (Granada), todos ellos nucleados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Por otra parte, la enorme aprobación popular de lo ocurrido en el primer año del sexenio de López Obrador en México y la inminente victoria del Frente de Todos en Argentina, indican el surgimiento de un nuevo bloque progresista en América Latina y el Caribe. Un bloque no alineado con la estrategia de hegemonía estadounidense y proclive al fortalecimiento del multilateralismo, a la defensa de la paz y la integración regional de signo cooperativo.
Las derechas tendrán como principal estrategia bloquear todo intento de colaboración en el campo geopolítico entre este nuevo bloque progresista y el de izquierdas. Lo cierto es que el tablero volverá a estar más equilibrado. La chispa de la esperanza se ha encendido nuevamente en la región. Las derechas tendrán que vérselas con su principal oponente, sus propios pueblos.
