El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, además de otros gobiernos progresistas de Nuestramérica, han denunciado en múltiples ocasiones y en los escenarios más diversos, la instrumentación de algunos organismos internacionales por parte de Estados Unidos (EE.UU), orientados a garantizar su política injerencista en América Latina, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).
El 24 Julio de 2012 el Comandante Chávez, en Puerto Cabello, durante su intervención en los actos con motivo del 189 Aniversario de la Batalla del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Bolivariana expresó, “Venezuela se retira de la CIDH por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo (…) El mundo debe saberlo, porque hechos como estos deslegitiman a esa inefable corte, tratado que Venezuela está denunciando…”.
La CIDH volvía a atropellar a Venezuela, al Derecho Internacional y a ofender la dignidad de todo un pueblo, a raíz del fallo emitido el 26 de junio de 2012, donde se pronuncia a favor de Raúl Díaz Peña y contra el Estado venezolano. A partir de este hecho, el gobierno venezolano toma la decisión de retirarse de este organismo.
Raúl Díaz Peña, fue acusado por la justicia venezolana de colocar bombas en la Embajada de España en 2003 y el Consulado de Colombia en Caracas en 2003. Fue sentenciado el 29 de abril de 2008 por los delitos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves, a cumplir 9 años y 4 meses de prisión, aunque huyó para Estados Unidos, cuando había cumplido apenas la mitad de la condena.
En rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, realizada desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el 01 de agosto de 2012, Chávez calificó de «nefasta» a la CIDH y manifestó que se ha ido degenerando. Reiteró que debe desaparecer por no representar los intereses del pueblo y recordó las diversas decisiones que ha tomado dicho organismo respecto a Venezuela, comenzando por el reconocimiento del gobierno golpista de Pedro Carmona en 2002, así como el respaldo al paro empresarial y petrolero de diciembre de 2003.
Por otra parte, este organismo ha demostrado parcialización política, al manifestarse sistemáticamente desde 1999 por proyectos de leyes de la nueva Constitución Nacional y mantener silencio por la violación de los Derechos Humanos que hubo en El Caracazo (1989) y en las masacres de Cantaura (1982) y Yumare (1986).
El 11 de Septiembre del 2012, Chávez concretó el retiro de Venezuela de la CIDH, “ojalá algún día tengamos una Comisión seria que junto a los gobiernos y los pueblos luchen por los Derechos Humanos. Aquí nosotros luchamos a brazo partido por los de nuestro pueblo”, dijo el comandante Chávez.
«Tenemos bastantes argumentos para justificar nuestra actuación, nuestro principio ético y nuestra conducta moral, allá ellos con sus actitudes», reiteró el mandatario, quien señaló que «lo último» que hizo la CIDH fue dar apoyo a «un terrorista venezolano» y «prófugo de la justicia».
El 10 de septiembre de 2013 el presidente Nicolás Maduro anunció que la salida de Venezuela de la CIDH, acción que inició el Comandante Hugo Chávez en 2012, se concreta formalmente como medida de protección a la soberanía nacional.
Países como Guatemala, México, Argentina, Chile, Ecuador, también han criticado las labores de la CIDH, y han coincidido en que este organismo perteneciente a la OEA, interfiere en los asuntos internos de los países.
Este organismo no se ha pronunciado de manera contundente ante la evidente violación sistemática de los DD.HH. por parte del Gobierno de Sebastian Piñera en Chile, quien ha reprimido brutalmente a jóvenes manifestantes en la Plaza Italia, atacada con perdigones directamente a los ojos de los manifestantes, entre hechos de violaciones, asesinatos y desapariciones que vienen denunciándose en este país desde que inició el levantamiento popular.
Igual atención por parte de este organismo, ha recibido Bolivia, donde se mantiene un flagrante e impune golpe de Estado y donde además están asesinando a hombres y mujeres indígenas que protestan contra este hecho.
En este mundo donde parece reinar la mentira, “el mundo al revés”, la lucha contra la dictadura mediática no puede detenerse para demostrar cómo la CIDH ha estado parcializada políticamente con diversos países de América Latina.
