Tras 4 años de la firma de la Orden ejecutiva 13.692 que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para seguridad de los Estados Unidos (EE.UU.) el escenario de presiones políticas, diplomáticas y económicas se recrudece, no solo el apoyo financiero y comunicacional a los focos de desestabilización del país Sur americano, sino por los recurrentes ataques al sano desarrollo de la vida en el país, evidenciado en las sanciones que impiden la adquisición y el intercambio de alimentos, medicinas, maquinarias e insumos.
Dichas acciones denunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro, como evidencia de crímenes de lesa humanidad, han sido negadas por la administración Trump y la oposición nacional encabezada por Juan Guaidó, principales promotores de las mismas; arremetida que en la actual situación de alerta nacional ante la pandemia del CoronaVirus podría colocar en riesgo la vida de toda la población, sin distinción alguna.
Por ello el presidente Nicolás Maduro exigió el cese del asedio a la nación, una vez que Venezuela fuese el país 125 en anunciar la llegada del Virus COVID-19, el mismo que mantiene en vilo a Europa, Asia y EE.UU por su rápida propagación y que en esta etapa de repunte ha requerido la máxima eficiencia y coordinación gobernamental, así como la cooperación y la solidaridad entre países.
Ante esto la respuesta de la “embajada virtual” de los EE.UU. sorprendió por su franqueza, pues a través de un Tweet informaron su decisión de excluir del paquete de sanciones la compra de medicinas e insumos médicos, admitiendo así las limitaciones impuestas al gobierno venezolano y su estrategia de someter a un pueblo como medida de presión para la toma del poder político por la fuerza.