El gobierno de Guillermo Lasso concretó el proceso que despojó de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, periodista australiano que permanece en una prisión del Reino Unido. La nueva gestión de derecha alega supuestas irregularidades en el otorgamiento de dicho beneficio.
Como se recordará, el gobierno progresista de Rafael Correa otorgó asilo político a Assange, fundador del portal Wikileaks, mediante el cual se ventilaron miles de documentos filtrados con información confidencial que expuso a la luz pública delitos cometidos por el Ejército de Estados Unidos en Irak y Afganistán, por ejemplo.
Otros casos expuestos por las publicaciones de Assange, incluyen la injerencia estadounidense en la crisis política de Yemen, denuncias sobre hechos de corrupción en Ghana y otros procedimientos ilegales por parte de gobiernos de grandes potencias.
Ante este hecho, la defensa del periodista expresó que “más que la importancia de la nacionalidad, es cuestión de respetar los derechos”. Con esto los abogados advirtieron que no hubo espacios para que el acusado pudiera acceder a los debidos recursos de amparo.
En 2019, cuando Lenín Moreno entregó a Assange a la policía británica; Correa repudió la medida y expresó que fue producto por ese nuevo «Gobierno traidor y presidente corrupto» que se instaló en el país.
El plan de la derecha ecuatoriana
Con la salida del líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, de la presidencia de Ecuador, la administración de Lenín Moreno retiró el asilo político a Julian Assange y lo entregó a las autoridades del Reino Unido.
Además, fue el propio Moreno, desde su posición de mandatario, quien hizo de Assange un ciudadano ecuatoriano; como parte de un plan diseñado para darle estatus de diplomático y sacarlo mediante argucias legales de la embajada ecuatoriana en Londres.
La Casa Blanca mantiene la petición de extradición a territorio estadounidense, donde tienen preparado un expediente contra el periodista australiano. Allá esperan juzgarlo bajo al menos 17 cargos de supuesto espionaje y la difusión de documentos militares y diplomáticos. La condena sería de por vida.
Para el australiano de 50 años, fundador de Wikileaks, el destino es incierto. Por ahora, sigue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, ubicada en Reino Unido. Allí le internaron en 2019, cuando fue detenido tras perder el asilo en el cual permaneció 7 años.
