Dos ministros Perú renuncian por represión en las protestas

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Los ministros de Cultura y de Educación de Perú renunciaron este viernes, en medio de las fuertes protestas que se registran en el país, que ya dejan al menos 21 muertos.

La renuncia la presentaron los ministros de Cultura y de Educación de Perú, Jair Pérez y Patricia Correa, respectivamente, a la presidenta peruana Dina Boluarte.

Los ministros peruanos rechazan la represión registrada en las protestas sociales desatadas tras la destitución del mandatario Pedro Castillo.

«Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo de ministro de Cultura. Agradezco la confianza; sin embargo los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su Gobierno«, citó la carta de renuncia presentada por el ministro de Cultura, Jair Pérez.

Por su parte, la titular de Educación, Patricia Correa, escribió en redes sociales su renuncia a la presidenta peruana.

«Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte», citó el tuit.

Desde el sábado, se han registrado varias manifestaciones, varias de ellas violentas, que han dejado una veintena de muertos.

Del total de víctimas, 8 han fallecido en el departamento de Ayacucho y tres en La Libertad.

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho informó de que ocho personas murieron y otras 52 personas resultaron heridas; en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad

Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y la salida de la presidenta Boluarte, mediante el inmediato adelanto de elecciones generales.

Asimismo, exigen la liberación del expresidente Castillo (2021-2022) y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Las protestas iniciaron el pasado 7 de diciembre, luego que el presidente Castillo intentara cerrar el Congreso y establecer un gobierno de excepción; medida calificada por todos los estamentos del Estado como un quiebre del orden constitucional o un golpe de Estado.

Por la acción de Castillo, el Parlamento lo destituyó y nombró como nueva jefa de Estado, por sucesión constitucional, a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.

 


 

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