La administración estadounidense de Donald Trump obtuvo la facultad de retirarle la protección a más de 300 mil migrantes venezolanos que residen en Estados Unidos, después de que la Corte Suprema emitiera el viernes una sentencia temporal. Esta decisión elimina la protección que expiró a principios de año, poniendo en riesgo la estabilidad de miles de familias. Inmediatamente, la medida generó una profunda preocupación en la comunidad venezolana en el exterior y en organizaciones de derechos humanos.
En mayo, los jueces bloquearon temporalmente una orden judicial anterior que buscaba mantener las protecciones, provocando el rechazo de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien expresó su desacuerdo como única voz disidente. A pesar de ello, el caso continuó su curso legal, manteniendo a la población migrante en un limbo jurídico.
En septiembre pasado, el juez Edward M. Chen, del Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California, falló por segunda vez a favor de las personas migrantes. El juez tomó esta decisión después de examinar una nueva demanda y recibir pruebas adicionales. Concretamente, el juez Chen alegó que la orden previa de la Corte Suprema de mayo no lo sujetaba, señalando que esta orden “no proporcionaba ningún análisis específico”. Por lo tanto, el juez intentórestablecer una protección vital para los venezolanos.
Sin embargo, la Corte Suprema emitió el fallo más reciente y se pronunció a favor del Gobierno de Trump. Esta sentencia invalida efectivamente la decisión de septiembre del juez Chen. Además, el fallo otorga a la administración Trump la autoridad para proceder con la revocación de estatus, abriendo la puerta a deportaciones masivas y a la separación de familias.
Tras conocer la medida, los abogados de los migrantes venezolanos expresaron su consternación, afirmando que “miles de familias quedaron destrozadas”. De hecho, señalaron que las personas venezolanas que habían sidoprotegidas perdieron sus empleos, sufrieron el encarcelamiento y enfrentaron deportaciones. Consecuentemente, la comunidad legal anunció que agotará todos los recursos legales disponibles para impugnar la decisión y proteger a sus representados.
Impacto humanitario y reacciones
Organizaciones no gubernamentales y grupos de defensa de los derechos humanos condenaron el fallo, subrayando el grave riesgo humanitario que implica para los venezolanos que no pueden regresar a su país debido a la crisis económica. Específicamente, argumentaron que EE. UU. contraviene sus propios compromisos internacionales al deportar a personas a un entorno donde su seguridad corre peligro. Por consiguiente, estos grupos hacen un llamado urgente al Congreso para que intervenga y establezca una solución legislativa permanente que asegure la residencia legal de estos migrantes.
La posibilidad de que la administración Trump revoque el estatus a los migrantes venezolanos crea un clima de profunda incertidumbre y miedo. Evidentemente, esta acción representa un revés significativo para quienes buscaban refugio en Estados Unidos. En conclusión, la decisión de la Corte Suprema complica dramáticamente la situación de los migrantes venezolanos y demanda una respuesta coordinada e inmediata de la sociedad civil y los poderes legislativos.
