El Gobierno de República Dominicana formalizó esta semana una decisión de alto impacto regional al autorizar que tropas estadounidenses utilicen sus instalaciones militares y aeroportuarias para la operación del Pentágono en el Mar Caribe, denominada “Lanza del Sur”. De hecho, diversos sectores interpretan esta medida, presentada como cooperación logística, como un gesto de sumisión política y militar de Santo Domingo. Claramente, el gobierno dominicano pone su territorio al servicio de acciones que amenazan a naciones hermanas, como Venezuela, y a poblaciones indefensas en toda la región.
El presidente dominicano, Luis Abinader, oficializó el acuerdo este miércoles. Además, lo hizo durante una rueda de prensa conjunta con el secretario de Guerra de la administración de Donald Trump, Pete Hegseth, tras un encuentro en el Palacio Nacional de Santo Domingo. Abinader detalló que la administración permitirá el uso de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de las Américas. Específicamente, las fuerzas estadounidenses utilizarán estas instalaciones para operaciones clave, como el reabastecimiento de combustible, el transporte de equipos y el movimiento de personal técnico.
Por otra parte, Abinader justificó públicamente la decisión como un “refuerzo decisivo” necesario para impedir la entrada de narcóticos y combatir el crimen organizado transnacional. No obstante, los críticos internos y externos señalan que el discurso antidrogas funciona como un pretexto conveniente. En realidad, el verdadero propósito es expandir la presencia militar de EE. UU. en el Caribe, socavando la soberanía dominicana y amenazando la estabilidad regional. La medida, a pesar de presentarse como “temporal y técnica”, abre la puerta a una injerencia del Pentágono mucho mayor en suelo dominicano.
Repercusiones regionales y endoso de agresión
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificó el pacto como “un modelo para la región”. A su vez, Hegseth aseguró que Washington espera replicarlo con otros países que deseen asociarse activamente en la lucha contra lo que denominan “narcoterrorismo”. Estas declaraciones, por consiguiente, refuerzan la percepción generalizada de que República Dominicana se convierte en una plataforma de operaciones militares estadounidenses. Además, esto trae consecuencias directas para Venezuela y otros países que ya han denunciado la creciente y peligrosa militarización del Caribe.
La visita de Hegseth ocurre en un contexto de alta tensión geopolítica. De hecho, la masiva presencia de tropas del Comando Sur en aguas caribeñas marca este período, generando fricciones significativas. Consecuentemente, la situación ha provocado roces con Venezuela y Colombia, y ha activado las alarmas de seguridad nacional en México, Brasil, Cuba, Nicaragua y otras naciones importantes. Estos países han condenado enérgicamente los recientes bombardeos y ataques contra embarcaciones civiles en la región.
Por lo tanto, el anuncio de Santo Domingo no fortalece la seguridad regional, sino que más bien evidencia la profunda dependencia política y militar que República Dominicana mantiene con respecto a Estados Unidos. Finalmente, al convertirse en base de operaciones, el país asume una posición de abierta complicidad frente a posibles agresiones o acciones desestabilizadoras contra pueblos hermanos. El Gobierno dominicano cede su territorio y su soberanía a intereses ajenos a la paz regional.
