El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público ha solicitado orden de aprehensión y congelamientos de bienes de los 11 ciudadanos imputados por traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir por la presunta vinculación en la trama del robo del oro (activos del Estado venezolano) en cuentas en el Banco de Inglaterra.
Ricardo Adolfo Villasmil, Giacoma Cuius Cortesía, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo, Carlos Antonio Suárez (cinco integrantes de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela) y José Gregorio Hernández, Irene de Lourdes Loreto, Geraldine Afiuni, (tres funcionarios de la oficina del Procurador especial).
También Vanessa Neumann, (representante diplomática en Reino Unido), Julio Borges, (comisionado presidencial de Relaciones Exteriores) y Carlos Vecchio, (representante diplomático en Estados Unidos).
«Un cargo que no existe en la Constitución ni en la legislación venezolana que autorizó la actuación de un bufete estadounidense en este litigio, José Gregorio Hernández, Irene Lourdes Loreto y Geraldine Afiuni (hija de María Afiuni). Falsos representantes que han intervenido en la apropiación del oro de la República y que han usurpado funciones en la junta directiva del BCV y se está trabajando este tema con el órgano auxiliar de justicia que es el Sebin».
También informó que Vanessa Neumann es la «responsable de negociar junto con los apatridas que hemos mencionado, la élite de Voluntad Popular, el territorio del Esequibo a cambio del apoyo del Gobierno británico a este gobierno de ficción y también entregar el oro, todo a cambio de nada porque están al margen de la ley y no tienen ningún tipo de legalidad».
Saab dijo que Julio Boges y Carlos Vecchio son los «dos operadores internacionales (…) que parecieran agentes de espionaje internacional contra Venezuela», al tiempo de expresar que «Inglaterra se convirtió en un imperio a base de crímenes, de saqueo y de piratería».
Al anunciar las decisiones del MP, hizo una exposición sobre los elementos que han sido utilizados para socavar la soberanía nacional y atentar contra la República.
Dijo que apegado a los intereses de potencias extranjeras, este hecho histórico sin precedentes «ha conmovido a la sociedad venezolana por la bajeza y putrefacción de la trama», de quienes a pesar de haber nacido en Venezuela, aseguró, poseen intereses antinacionales, antivenezolanos y profundamente criminales.
El fiscal general de la República insistió en que el gobierno virtual de Juan Guaidó pretende disponer del oro y reservas internacionales de Venezuela depositadas en Inglaterra y «darle carácter legal a una operación de despojo al más rancio estilo de piratería imperial».
Dijo que el fin está centrado en judicializar a los responsables de esta acción criminal que priva al país de disponer de sus recursos para disponer y combatir las consecuencias de la pandemia por el covid-19 y la compra de alimentos y medicamentos.
Calificó este hecho como una acción unilateral del Reino Unido contra Venezuela y su gobierno legítimo.
«Es una película de ficción, esa fue la excusa de crear un Gobierno parapeto de ficción llamarse gobierno interino (…) Esa fue la excusa en este caso con la administración de Donald Trump, con sus satélites de la Unión Europea para despojarle a Venezuela sus recursos, sus riquezas y sus activos en el exterior y simplemente cometer un robo».
Irrespeto al derecho internacional
Durante su comparecencia, el fiscal Saab dijo que Juan Guaidó es «un cobarde prófugo, que está resguardado de manera ilegal el derecho internacional en la embajada de España en Venezuela».
Recordó que este plan orquestado desde el exterior comenzó en enero de 2019, planificado por «el gobierno de Estados Unidos con uno de sus brazos armados para este saqueo (que) ha sido el Reino Unido: el gobierno de Inglaterra».
Objetivo: socavar e intervenir en asuntos internos
El Fiscal General de la República dijo que el BCV es el depositario legal del oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra desde los sucesos del golpe de Estado de 2002.
«En un hecho inédito, insólito donde una persona que fue electa con apenas unos pocos miles de votos en el estado La Guaira ha pretendido ser el presidente de la Nación, no votado por nadie pero sabemos que como dije inicialmente ha sido la excusa que encontró el gobierno de los Estados Unidos para saquear nuestro país y estas personas se han prestado para esta artimaña».
Destacó que la decisión «desconoce la sentencia dictada por el TSJ en la que se declaró nulo e inesistente el denominado estatuto para la transición así como el nombramiento para la denominada junta directiva ad hoc del BCV pero desconoce los hechos de la realidad como lo ha presentado el abogado de nuestro país en este litigio».
En tal sentido, agregó que la corte ignoró que en realidad alguno de los miembros de la junta administrativa nombrada por Guaidó reside en la nación suramericana, «todos viven en Estados Unidos y uno vive en Colombia, los dos centros que de manera coordinada se centran en las bases para la conspiración en contra de Venezuela».
Embajador del Reino Unido reconoce a Maduro
Durante su exposición, el fiscal presentó imágenes del recibimiento protocolar en el Palacio de Miraflores por parte del presidente Nicolás Maduro al embajador acreditado en Venezuela en el momento de la entrega de su carta credencial, que demuestra el reconocimiento al presidente Constitucional de la República.
También a través de la cancillería venezolana que dirige el ministro Jorge Arreaza, el encargado de negocios recibió su acreditación hace menos de un año.
Comentó que Venezuela espera que «corrijan tamaña monstruosidad, es una decisión de caracter política y no judicial».
