Desarticulada mafia colombiana que extorsionaba a venezolanos pacientes de covid-19

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Siempre se ha dicho que el afán desmedido de lucro deja al descubierto las más horribles miserias humanas. Pero no deja de sorprender hasta dónde es capaz de llegar alguna gente con tal de hacerse con ganancias económicas, al costo que sea. La opinión pública nacional ha quedado conmocionada con la noticia de una banda colombiana dedicada a la extorsión de venezolanos pacientes con covid-19.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, mostró este miércoles 9 de septiembre, pruebas contundentes acerca de cómo fue desarticulada una mafia, encabezada por un médico de nacionalidad colombiana.

El sujeto identificado como, Antonio José Amell Cantillo, se desempeñaba como médico residente de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de Valencia. Allí se había dedicado a cobrar entre 800 y mil dólares por cada ampolla del medicamento Remdesivir. Este tratamiento en algunos pacientes requiere hasta 12 aplicaciones.

Un vulgar delincuente

«Quiero destacar que esta ampolla la tiene el Ministerio de la Salud, la distribuye a los hospitales, la entrega de manera gratuita. Imagínense ustedes si este personaje se dedica a vender el tratamiento completo a mil o más dólares (360 millones de bolívares), a personas que están debatiéndose entre la vida y la muerte. (…) Estamos hablando de un delincuente«, aseveró Saab.

El titular del Ministerio Público detalló además que este médico de nacionalidad colombiana, dirigía a las personas a comercios cercanos del CHET. Esto para que imprimieran las planillas de ingreso a dicho centro hospitalario. Allí también cobraba por el ingreso de los pacientes al Hospital Centinela. Asimismo, Amell Cantillo mantenía asociación con al menos 5 farmacias privadas del sector para la reventa de los medicamentos suministrados por el Estado.

Investigación a fondo

En tal sentido, el Fiscal General destacó que el director del CHET, Alexis Ramón Riera Lugo, está siendo investigado e interrogado por el Ministerio Público. «Se le va a dictar una orden de aprehensión para ser imputado, en las próximas horas, por su complicidad en todos estos hechos».

Por este crimen también está detenida la ciudadana, Francis Margarita Aguiar Salazar, representante de la Quincalla y Frutería Central, ubicada detrás del CHET, donde se incautaron planillas de ingreso, formularios y otros documentos pertenecientes a la administración de servicios médicos del Hospital. Así como un lote de medicamentos sustraídos.

Amell Cantillo será imputado por los delitos de concusión, contrabando de extracción y asociación para delinquir. A Francis Margarita Aguiar Salazar se le imputarán los delitos de forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.

Si algún gobierno ha puesto empeño en garantizar la dotación de insumos médicos, así como la logística para la oportuna atención de los pacientes con covid-19, ha sido el venezolano. Desde que comenzó la pandemia el presidente, Nicolás Maduro, se ha puesto al frente, junto a todo su equipo, para dar una respuesta eficaz, pese al bloqueo genocida aplicado por los Estados Unidos.

Cabe destacar que el modelo venezolano resalta como ejemplo de buena gestión, frente al caos generado en países como Colombia, Brasil, Ecuador o Perú. En estas naciones las personas sin ingresos fallecen o se abandonan a su suerte.

Defender lo indefendible

Al conocerse la captura de este médico colombiano en Venezuela, se produjeron increíbles reacciones desde Colombia. La cancillería del vecino país denuncia que el galeno fue detenido arbitrariamente y exigió respeto por su vida.

Asimismo, un grupo de congresistas de esa nación ha declarado a favor de Amell Cantillo. En tal sentido, el Fiscal Saab señaló a la autoridad colombiana de estar al frente de un Estado fallido, gobernado por el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción.

Saab aseveró que este caso pudiera tratarse de un doble agente enviado desde Bogotá para sabotear la gestión del gobierno frente a la pandemia. «Es insólito que una cancillería salga en defensa del sujeto que acabamos de presentar acá. Y que incluso vamos a investigar cómo llegó acá, pudiera ser un doble agente. Estar infiltrado para ocasionar este tipo de daño».

Tráfico de personas

Adicionalmente, el Fiscal General informó acerca de la detención de 12 personas, entre ellos cuatro funcionarios públicos, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Estos ciudadanos aparecen como presuntos integrantes de una organización delictiva que se dedicaba a promover en redes sociales paquetes de viaje para el ingreso al país por vías irregulares.

“Ofrecían hospedaje, traslado, alimentación, salvoconductos y pruebas rápidas para despistaje de covid-19, por un monto de 1.800 dólares desde Miami (Estados Unidos) hasta la República Bolivariana de Venezuela”, explicó.

Los detenidos son: Daisy Blanco, Yanni Rosabal, Alejandro Poleo y Deivis Chacare. También Natacha Lezama, Argentina Álvarez, Juvenal Valerio y Cisto Pereira. Además de Osmel Yusti, Leonardo Rivas, Elio Mejías y Anyeli Rodríguez. Todos serán imputados por los delitos de corrupción propia, obtención ilegal de lucro, tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir.

 

 

 


 

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