Las deportaciones masivas de migrantes podrían gestionarse con la eficiencia de un negocio, según una polémica declaración de Todd Lyons, director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
En un sorprendente símil, Lyons comparó este enfoque con un “Amazon para seres humanos”, tal como reveló el medio AZMirror, al enfatizar la urgencia de optimizar los procedimientos de expulsión de personas.
Estas declaraciones se inscriben dentro de una tradición de políticas migratorias de línea dura, particularmente impulsadas durante la administración de Donald Trump, quien prometió llevar a cabo la campaña de deportación más ambiciosa en la historia de la nación.
Estas medidas han suscitado una ola de críticas y desafíos legales, especialmente en lo concerniente a la detención de migrantes que carecen de antecedentes penales o de un estatus migratorio regularizado.
Deportaciones masivas
La tradición de un debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de las personas se ven comprometidas ante la premura por ejecutar estas expulsiones a gran escala.
Dentro de las acciones más controvertidas que marcaron la administración anterior, resalta el traslado de más de dos centenares de migrantes venezolanos a una megacárcel ubicada en El Salvador.
Un informe de CBS evidenció que estas personas no contaban con ningún historial delictivo, lo que generó una profunda preocupación entre las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, quienes ven en esta acción una ruptura con la tradición de protección a poblaciones vulnerables. La tradición humanitaria y los principios de justicia se ven severamente cuestionados por este tipo de traslados.
Para legitimar estas deportaciones, el Gobierno de Estados Unidos recurrió a una normativa con una profunda tradición histórica, aunque su aplicación en este contexto resulta anacrónica y cuestionable: la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII que históricamente se invocó en tiempos de conflicto bélico, incluyendo la Segunda Guerra Mundial.
Si bien recientemente el Tribunal Supremo levantó una orden federal que previamente había bloqueado las deportaciones de migrantes venezolanos hacia El Salvador, estableció una salvaguarda importante.
La tradición jurídica del país exige que los detenidos sean debidamente notificados y se les brinde la oportunidad de impugnar su expulsión ante los tribunales, un principio fundamental que busca preservar la tradición de justicia y equidad.
