El juez federal James Boasberg rechazó este lunes la solicitud del gobierno de Trump para levantar la suspensión temporal de las deportaciones masivas de supuestos miembros del Tren de Aragua. El magistrado determinó que los migrantes merecen audiencias individuales antes de ser expulsados bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros de 1789.
En su fallo, Boasberg destacó que los demandantes cumplen claramente los requisitos para demostrar que sufrirían «daño irreparable» al ser enviados a cárceles salvadoreñas. El juez citó testimonios sobre las condiciones inhumanas en estos centros penitenciarios, donde los reclusos enfrentan tratos crueles y condiciones sanitarias extremas.
Las pruebas presentadas en corte revelaron que en el Centro de Reclusión para Terroristas (CECOT) de El Salvador, los detenidos carecen regularmente de alimentos, agua potable y acceso a luz solar. «Los testimonios describen celdas tan abarrotadas que los reclusos deben dormir de pie», señaló Boasberg en su decisión.
El magistrado documentó especialmente los brutales métodos disciplinarios: «Los guardias someten a los reclusos a palizas, humillaciones públicas y torturas como inmersiones en agua helada». Citó el caso de un detenido obligado a arrodillarse desnudo durante horas antes de ser interrogado bajo ahogamiento controlado.
Boasberg reconoció que el bloqueo de las deportaciones masivas afecta los planes del gobierno, pero enfatizó: «Este perjuicio no supera la necesidad de proteger a los demandantes de un daño irreversible». La decisión mantiene la suspensión mientras se analiza la legalidad de usar la ley de 1789 para estas deportaciones.
El fallo llega días después de que Trump negara haber autorizado personalmente las deportaciones, atribuyéndole la decisión al senador Marco Rubio. «Yo no firmé esa orden. Rubio los quería fuera y está haciendo un excelente trabajo», declaró el expresidente a medios el pasado viernes.
La controversia surge mientras organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno estadounidense está usando leyes coloniales para justificar deportaciones masivas sin debido proceso. El caso podría sentar un precedente sobre el uso de legislación histórica en políticas migratorias actuales.
